La culpa no es de la Ley Electoral

La experiencia histórica nos enseña que la tentación de cambiar las reglas del juego a mitad del partido cuando las cosas van mal está destinada al fracaso. Digo esto a propósito de un sondeo que se publicó en este periódico hace un par de semanas, cuyo dato más destacado es que el 50% de los encuestados son partidarios de reformar la Ley Electoral para hacerla más proporcional.

Aunque no se decía cuál era el objetivo final de esa reforma, es algo que se oye cada vez con más frecuencia entre gentes preocupadas por que partidos como ERC o Junts, con un porcentaje de votos que suman el 3,49%, tengan entre los dos 14 diputados que utilizan para doblegar al gobierno.

Son muchos los que endosan a la ley electoral la responsabilidad de que una minoría de votantes –algo más de 800.000– acabe imponiendo su voluntad a millones de electores. Su reacción emocional es tratar de impedir que tal cosa ocurra cambiando la ley electoral, como si la ley fuera la responsable de que un número muy reducido de votantes concentrados en muy pocas provincias, pretenda imponer su objetivo de acabar con la unidad de la nación española.

Quienes así piensan olvidan que, desde que se recuperó la democracia en 1977, y con esta ley electoral, España nunca ha pasado por un trance como el que vive ahora, humillada ante las imposiciones separatistas. Porque las razones de esta humillación tienen mas que ver con el voto de los españoles y con la ética política de sus gobernantes que con la legislación electoral.

Desde 2015 el voto disperso y fraccionado provoca una debilidad electoral sin precedentes en los dos grandes partidos. Ese año surgieron nuevas formaciones políticas que han arrancado millones de votos al PP y al PSOE; los 137 diputados populares y los 121 socialistas son la prueba evidente de esa debilidad. Hay que añadir, además, la disposición del presidente del gobierno a ceder lo que le exijan los separatistas a cambio de su supervivencia política.

No nos engañemos, el problema no es la ley electoral sino la fragmentación del voto de los españoles y la disposición del presidente a pagar lo que le pidan por seguir en la Moncloa. Endosarle a la ley la culpa de la crisis que estamos viviendo es tratar de escurrir el bulto. Porque cuando se divide y fragmenta el voto de una opción ideológica, pierde diputados y la posibilidad de alcanzar el poder.

Se me dirá que el perjuicio es igual para la derecha que para la izquierda. Pero se olvida que la izquierda no duda en pactar con los separatistas y con Bildu al precio que sea, mientras que la derecha no pacta con ellos. Consecuencia evidente: la división del voto daña más a la derecha que a la izquierda. Esta afirmación no es un reproche porque cada uno es muy libre de votar a quien quiera, pero tiene que asumir las consecuencias y no echarle la culpa a la ley electoral, que es lo más cómodo. Está claro que la división de sus votantes es letal para la derecha, mientras que no lo es tanto para la izquierda.

Son muchos los que piensan que incrementando la proporcionalidad en nuestro sistema electoral se acabarían todos los males, porque a los separatistas catalanes con el 3,49% de los votos le corresponderían diez diputados y no 14; justo cuatro menos de los que ahora tienen, y que son los que le permiten a Sánchez ser presidente. Pero olvidan que la proporcionalidad pura tiene unos efectos secundarios que lejos de solucionar el problema, lo agrava.

Por decirlo con claridad, les saldría el tiro por la culata. El sistema proporcional puro genera gobiernos débiles de forma sistémica, porque favorece la proliferación de muchos pequeños partidos que pueden ser tan dañinos como ERC, Bildu o Junts. Valga como ejemplo recordar que España fue un país ingobernable entre 1834 y 1936 con más de 30 grupos en el Parlamento y 136 gobiernos; una media de un gobierno cada ocho meses.

Para reducir el riesgo de fragmentación de los grupos parlamentarios y la debilidad gubernamental que genera el sistema proporcional puro, se introdujo en 1977 la Ley D’Hont como elemento corrector que potencia a los partidos más votados. Y no nos ha ido mal porque en 48 años hemos tenido siete presidentes del gobierno. Pero es una evidencia que cuando los ciudadanos deciden fragmentar su voto, no hay sistema electoral que lo impida, y ahí está el ejemplo de fragilidad gubernamental con las cuatro elecciones generales que hemos tenido en siete años.

Porque, además, con la fragmentación electoral, el efecto corrector de la Ley D’Hont acaba desapareciendo y se impone el sistema proporcional puro, que es el que de hecho tenemos desde que entró en crisis el bipartidismo. Y así nos va.

El problema es la dispersión del voto, no la ley electoral. La diferencia abismal entre un sistema y otro es que de la inestabilidad actual se puede salir, pero con el sistema proporcional puro la inestabilidad está garantizada. La clave de este asunto no está tanto en la ley como en las consecuencias de lo que se vota.

El sistema proporcional puro no soluciona el problema; lo cronifica. Sería peor el remedio que la enfermedad.

Emilio Contreras es periodista