Bajan los controles, sube la corrupción

La corrupción no se combate con palabras ni aspavientos, sino con controles. Ahora nos escandalizamos con el espectáculo de entradas y salidas de la cárcel de dos secretarios de Organización del PSOE, pero la historia volverá a repetirse mientras no se repongan los controles que en 1985 se suprimieron. Hace unos días se publicó el Índice de la Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, según el cual España lleva cinco años retrocediendo, ha descendido tres posiciones respecto a 2024 y sus estándares anticorrupción están por debajo de países como Ruanda, Botsuana, Qatar o Arabia Saudí.

La corrupción es la termita que carcome la credibilidad de un partido, de un gobierno, e incluso puede acabar demoliendo un sistema. Ahí está el ejemplo de lo que ocurrió en Italia hace pocos decenios cuando colapsaron la democracia cristiana y el partido socialista, entre otros.

En España la corrupción nos ha acompañado casi desde el momento primero de la recuperación de la democracia. Y escribo «casi» porque en los seis primeros años, con los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, no hubo corrupción. No sé si porque sus equipos estuvieran integrados por hombres virtuosos, o porque entonces había unos controles legales heredados que hacían casi imposibles las prácticas corruptas. Probablemente esta sea la razón.

Pondré el ejemplo de los ayuntamientos. Ya el artículo 320 de la Constitución de 1812 preveía la creación de un cuerpo de secretarios de ayuntamiento independientes para asumir el control legal de los actos administrativos y la fe pública. Pero el verdadero control de legalidad y de cualquier gasto municipal se implantó en 1924 con José Calvo Sotelo como director general de Administración Local entre 1923 y 1925.

En aquel año se aprobó la ley de Administración Local que creó los cuerpos nacionales de secretarios, interventores y tesoreros de Ayuntamiento. Y se hizo con el fin de profesionalizarla asegurando la independencia de los funcionarios frente a las influencias y presiones políticas. Se accedía a esos cargos tras aprobar unas exigentes oposiciones, y se ascendía por riguroso escalafón de antigüedad a nivel nacional para asegurar su autonomía del poder político. Desde esa independencia ejercían el control de los acuerdos políticos y de las adjudicaciones de contratos para garantizar que lo que se aprobaba se ajustaba a la ley. Esos tres cuerpos pusieron freno e impidieron la corrupción y la ilegalidad. Pudo haber algunos corruptos pero no hubo corrupción. Y prueba de ello es que el sistema se mantuvo durante la II República, el franquismo y los primeros años de democracia.

Hasta que llegamos a las elecciones municipales de 1979; entonces todo empezó a cambiar. Buena parte de los grandes ayuntamientos y otros no tan grandes fueron gobernados por una coalición de socialistas y comunistas que pronto comenzaron a quejarse de los controles y límites legales que esos cuerpos imponían a alcaldes y concejales. Les acusaban de retrasar, cuando no de bloquear, las decisiones políticas con trámites y «papeleo» que consideraban un obstáculo innecesario y una rémora para tomar decisiones con rapidez. En ocasiones llegaron a considerarlos como una herencia del franquismo que había que eliminar. Pedían manos libres, que consiguieron cuando el Partido Socialista ganó las elecciones de 1982 con 202 diputados.

Entonces el gobierno se hizo eco de esas exigencias y durante dos años estuvo elaborando una reforma legal que se plasmó en la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. De esta ley arrancan todos los males porque dio lugar a un vaciamiento de competencias de los secretarios municipales; dio a los alcaldes un poder muy superior al que entonces tenían y redujo el poder de veto de esos funcionarios por motivos legales. Los políticos consiguieron quitarse de encima buena parte del control al que les sometían esos cuerpos.

Nadie protestó entonces ni hizo la menor advertencia del boquete que esta ley abría para que por él se colara la corrupción. Es más, fue recibida con cierta complacencia por un sector de la ciudadanía, siempre dispuesto a despreciar los controles legales porque, dicen, que el «papeleo» retrasa las decisiones políticas. Los funcionarios eran vistos no como garantes de la ley, sino como un obstáculo para la acción política supuestamente rápida y eficaz de alcaldes y concejales.

Se abrieron las puertas de par en par a los funcionarios de «libre designación» sin pasar por ningún examen, salvo el de la lealtad política a quienes les habían nombrado. Se redujeron al mínimo los controles legales ejercidos por funcionarios independientes, y quedó el camino abierto a la corrupción de quienes se sentían inmunes.

Y lo más grave es que cuando años después los partidos de la oposición ganaron las elecciones generales y municipales no cambiaron sustancialmente las cosas porque también se sentían cómodos con un control débil.

Es por otra parte lógico que alcaldes y otros altos cargos de las distintas Administraciones tengan hombres de confianza en sus equipos, sean o no funcionarios, pero todo tiene un límite. Hace unas semanas leí que el semanario «The Economist» había publicado una información según la cual España es el país de la UE con más cargos de designación política en todas las Administraciones: unos 400.000.

Todo empezó en 1985 sin que nadie hiciera entonces la menor protesta. De aquellos polvos, estos lodos.