España estuvo a punto de desaparecer y ahora vuelven a intentarlo

Hay un virus que avanza silencioso pero implacable para dar satisfacción al separatismo vasco a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez. Lo hace escondido y agazapado bajo los escándalos de nueve procesos en marcha, autos judiciales con revelaciones escandalosas, montajes para desprestigiar a jueces y fiscales, encarcelamiento de dos importantes dirigentes socialistas, juicio en Badajoz, registros de la UCO en la sede del PSOE y el goteo diario de noticias que nos traen el olor de la corrupción. Y si ese virus acabara consiguiendo lo que se propone, generaría una crisis política e institucional que amenazaría el orden constitucional y dejaría en mantillas lo que ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Es más, podría poner en peligro la unidad y la existencia de España como nación.

Ese virus son las conversaciones secretas entre el PSOE, PNV y Bildu para redactar un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía en el que se contemplaría la posibilidad de convocar un referéndum sobre el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Dicho con más claridad, conseguir la independencia de esa Comunidad bajo la coartada del Estado confederal, del que se puede salir, porque del federal no es posible, y menos aún del Estado Autonómico. Si tal cosa ocurriera, estaríamos ante una regresión demoledora porque volveríamos a lo peor de nuestro pasado, tras cincuenta años de estabilidad institucional que parecía definitivamente asentada después de un siglo con cuatro guerras civiles, más de cien golpes de Estado, siete Constituciones y luego una larga dictadura.

Pero hay más, porque escondido tras ese maremágnum de desastres a lo largo de siglo y medio, hay uno que nunca se recuerda y que es imprescindible tener ahora bien presente. Con la llamada Revolución Gloriosa y la aprobación por las Cortes de una Constitución liberal y democrática -la de 1869- se abrió un camino incierto. El reinado de Amadeo de Saboya acabó con la estampida del monarca, incapaz de seguir al frente de «un país tan hondamente perturbado». Y aquí arrancó la espiral de inestabilidad y violencia que acabó con el régimen.

Porque en 1873 se proclamó la I República en contra de los procedimientos legales previstos por aquella Constitución en sus artículos 33, 110, 111 y 112. Entonces se puso en marcha un proceso federal que se le fue de las manos a los gobernantes republicanos y estuvo a punto de acabar con la existencia de España como nación. El cantón de Cartagena se declaró independiente y otros 28 municipios siguieron su ejemplo. Hubo provincias que declararon la guerra a sus vecinas, como Jaén a Granada, y pequeños villorrios pusieron en marcha procesos constituyentes. Ese proceso de fragmentación nacional avanzó sobre un fondo de motines, sublevaciones y violencia, que pusieron al país al borde de la desintegración. Alguien tan poco sospechoso como el expresidente de la República, Emilio Castelar, afirmó que España estuvo a punto de «desmembrarse y desaparecer». Aquello duró once meses y acabó con el golpe de Estado del general Pavía.

No estoy haciendo una advertencia alarmista y desproporcionada de que se esté yendo hacia una reproducción mimética de lo que ocurrió entonces, pero sí advierto de que con una estrategia más disimulada y ambigua se esté incubando un proceso de fondo similar. Porque los separatistas y el PSOE de Pedro Sánchez han aprendido la lección de lo que ocurrió en Cataluña hace nueve años y ahora buscan la vía de la «España plurinacional».

Los separatistas vascos quieren que su proyecto, con referéndum incluido, se lleve pronto a la práctica para evitar que la inmigración cada vez mayor diluya en los próximos años el sentimiento separatista. Tienen prisa. Por ese motivo están adoptando una mansedumbre lanar en la crisis de fondo que afecta a la estabilidad política de un gobierno, cercado por los escándalos de corrupción. Y no darán ni un paso a favor de una moción de censura seguida de elecciones generales. Ladrarán pero no morderán.

Lo harán de forma sibilina y no frontal como en 1873 para evitar no ya un golpe militar, sino para eludir la posibilidad de que el Ejército se viera en el trance de cumplir la obligación que le impone el artículo 8 de la Constitución de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Pero el peligro no solo está en lo que pueda ocurrir en el País Vasco, sino en que se desencadenara un proceso basado en el mimetismo o el agravio comparativo en el que le seguirían los separatistas catalanes y gallegos, con el riesgo de que ese precedente corriera como la pólvora por otras Comunidades del país. La crisis de fondo estaría servida.

Afortunadamente, no estamos en la España subdesarrollada y casi analfabeta de 1873. Entonces aquello se resolvió a las bravas con un golpe de Estado encabezado por un militar. Hoy se enfrentaría a la presión de la ciudadanía y de las instituciones del Estado, que pararían los pies al Gobierno, pero con un serio problema de tensión, crispación y división entre los españoles de consecuencias imprevisibles. La advertencia queda hecha.