Memoria Democrática: el apartheid de los muertos

Ha sido significativamente silenciada por los medios de izquierda la noticia de la resolución administrativa que rechaza considerar el camposanto de Paracuellos del Jarama como Lugar de Memoria Democrática. La subdirectora general que firma la resolución (devota al parecer del fotógrafo Cartier-Bresson) sostiene que «la mera existencia de episodios» no obliga a incluir «automáticamente» el lugar en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria. Todo depende, apunta, de la «valoración» que haga el gobierno; valoración que atiende «a la dimensión del fenómeno histórico acreditado, su duración temporal, su impacto colectivo, su representatividad y la existencia de elementos materiales o inmateriales que permitan su adecuada interpretación y preservación», y concluye que «la Administración no se encuentra obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias».

¿Quiere decir el Ministerio que no tuvieron dimensión las matanzas de Paracuellos del Jarama, ni impacto colectivo, ni relevancia histórica, o que no existen elementos materiales que permitan su preservación? Son más de 4.000 las víctimas acreditadas las que descansan en sus fosas comunes: familias enteras fueron asesinadas allí, multitud de profesionales, militares, juristas, intelectuales, sacerdotes, comerciantes, trabajadores, personas anónimas, 256 menores (entre 13 y 17 años). Todos ellos fueron sacados ilegalmente y a la fuerza de sus casas, encarcelados y torturados en las chekas de Madrid y finalmente trasladados en autobuses municipales, con las manos atadas con alambre a la espalda, hasta aquel lugar de Paracuellos del Jarama. Una vez allí, les obligaron a cavar las fosas comunes y después, al amanecer, fueron ametrallados, hasta caer a plomo en su interior. Algunos fueron matados a golpes o mediante la asfixia. La operación se repitió, con sistemática crueldad, los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre de 1936. No fue un hecho aislado, sino un exterminio perfectamente planificado y ejecutado.

¿De qué estamos hablando entonces? Fue tal la orgía de sangre del llamado terror rojo en Madrid que las legaciones internacionales, horrorizadas por la dimensión y barbarie de los crímenes, se movilizaron para detener aquellas matanzas organizadas por Santiago Carrillo (su número dos, Segundo Serrano Poncela firma los expedientes de todas las operaciones) a las órdenes del ministro de Gobernación socialista, Ángel Galarza. Un historiador tan poco sospechoso como Ian Gibson afirma que el acuerdo se tomó en el mismísimo Consejo de Ministros, presidido por Largo Caballero. Félix Schlayer, cónsul general de Noruega, nos dejó un estremecedor testimonio escrito sobre la dimensión de los terribles crímenes. Solo la presión, que está documentada, desarrollada por gobiernos extranjeros amigos de la República y, sobre todo, la llegada de un hombre bueno y justo, el anarquista Melchor Rodríguez, llamado el «ángel rojo», pudo poner fin a aquel genocidio. Despreciar a las víctimas de la masacre y a sus familias es despreciar también el valor moral de aquel anarquista ejemplar que se jugó la vida para acabar con la orgía de sangre de Madrid.

No solo tuvo Paracuellos la dimensión nacional e internacional que se le niega, sino que fue la matanza más sistemática, planificada y numerosa de la Guerra Civil. La de mayor dimensión.

La resolución confunde la discrecionalidad administrativa con la más absoluta arbitrariedad e incurre, en mi opinión, en una clara desviación de poder. No es improbable que haya quien interponga acciones judiciales por prevaricación administrativa, dada la notoriedad de los hechos y la profunda injusticia de la decisión.

Huelgan, sin embargo, las consideraciones jurídicas cuando el razonamiento utilizado para despreciar la memoria que se dice promover escapa al mundo del derecho y se adentra en la pura deshumanización.

Tras esa decisión puede adivinarse fácilmente la cosificación de las víctimas, la falta completa de piedad hacia los asesinados y sus familias. La frialdad, la falta de sensibilidad y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno son escalofriantes. ¿Acaso no padecieron tortura, persecución, represión y muerte los que allí fueron asesinados? ¿No merecen ser reconocidos y considerados? ¿No padecieron sus familias? ¿No se segaron bárbaramente vidas, trayectorias e historias personales por razones puramente políticas e ideológicas?

La resolución parece responder a una siniestra y cuidadosa selección de víctimas, un espeluznante apartheid para según qué muertos: por un lado, las víctimas del bando republicano, dignas de memoria, y por otro, las del bando nacional, indignas de tal consideración, de tal manera que la aplicación de la Ley de Memoria se traduce, de facto, administrativamente, en una tétrica damnatio memoriae.

Como siempre, cuando el poder pretende dominar el pasado, lo que persigue es condicionar el futuro: permanecer.

Cualquier español, autoridad o no, debería condenar aquellas atrocidades, con independencia del sesgo ideológico de cada cual y de la víctima de que se trate. Es, además, –estoy convencido– lo que siente la inmensa mayoría de españoles y lo que querrían que sucediese las víctimas de los dos bandos de aquella guerra civil.

¿Para eso hicimos la Constitución española de 1978? ¿Para llevar a la sociedad española a una Memoria basada en el apartheid de los muertos?

Estoy convencido de que el mejor fotógrafo del siglo XX, el ojo del siglo, como fue llamado, no habría dejado nunca de fotografiar la espeluznante imagen de aquellas fosas comunes, con los cadáveres agolpados, unos sobre otros, en Paracuellos del Jarama. Cartier-Bresson fue, sí, un decidido partidario del bando republicano (llegó a filmar un documental de exaltación de este), pero fue antes que nada un impagable testigo de su tiempo. Él nunca habría velado las películas de su Leica por intereses políticos.