Ilegalización del PSOE: la sombra de la mafia siciliana
Una sociedad que escucha la denuncia de Biedma y mira hacia otro lado tiene un problema de valores y principios. La democracia no muere solo cuando alguien cercano al gobierno quiere silenciar a un juez, muere cuando los ciudadanos se acostumbran a callar y a normalizar las actuaciones propias de la mafia en sus instituciones
Hay noticias que deberían detener un país. Esta es una de ellas: Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermano del presidente del Gobierno, ha acudido a la Audiencia Nacional porque considera que fue objetivo de una trama para apartarla de la causa. En su escrito denuncia presuntos contactos de personas del entorno del PSOE con individuos vinculados al narcotráfico para actuar contra ella, y advierte del peligro para su integridad física. La investigación deberá esclarecer esta denuncia.
Pero, repitámoslo despacio: una jueza denuncia contactos entre personas vinculadas al Partido Socialista y narcotraficantes para actuar contra ella mientras investigaba al hermano del presidente del gobierno de una democracia europea. Si se confirma, no estaremos ante una maniobra política más, sino ante métodos propios de la mafia siciliana. No olvidemos que Cosa Nostra asesinó a magistrados que la investigaban: Giovanni Falcone, el 23 de mayo de 1992, y Paolo Borsellino, el 19 de julio de ese mismo año. Sus asesinatos provocaron una enorme indignación en Italia y una respuesta del Estado contra los clanes. Pero aquí la denuncia plantea una cuestión aún más inquietante: quienes presuntamente buscaron esos contactos estarían vinculados al partido en el gobierno.
Si alguien pretendió agredirla o acabar con su vida, deberá responder ante la justicia. Pero la cuestión va mucho más allá de la seguridad personal de Beatriz Biedma. Una democracia empieza a pudrirse cuando investigar al entorno del poder puede convertir a un juez en objetivo de intimidación. No hablamos de una magistrada enfrentada a delincuentes comunes en una causa de narcotráfico. Hablamos de una jueza que investigó al hermano del Presidente y que ahora pide ser reconocida como perjudicada en la causa instruida por presuntas maniobras para apartarla. No es solo un partido: es el PSOE, el partido en el poder. Al gobierno se le exige proteger la independencia judicial. ¿De verdad vamos a despachar esto como algo menor?
Llevo años denunciando el deterioro de las instituciones, la permisividad ante la inmigración irregular y las consecuencias que, a mi juicio, puede tener la llamada ley de nietos para las garantías de acceso a la nacionalidad y la integridad del censo. A ello se suman las investigaciones por corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas y las acusaciones de financiación ilegal que deben esclarecerse. Todo eso es grave, pero lo denunciado por la jueza Biedma son palabras mayores.
Por eso planteo la pregunta que tantos prefieren evitar: ¿debe examinarse la ilegalización del PSOE? No se ilegaliza un partido por las sospechas que recaen sobre algunas personas, pero si las pruebas llegaran a acreditar una actuación grave y reiterada atribuible al propio partido en los términos de la Ley de Partidos, habría que activar sus mecanismos. Que el PSOE gobierne España no puede darle inmunidad. La decisión, por supuesto, corresponde a los tribunales, pero los ciudadanos y los partidos deberían, por lo menos, plantearlo.
Una sociedad que escucha la denuncia de Biedma y mira hacia otro lado tiene un problema de valores y principios. La democracia no muere solo cuando alguien cercano al gobierno quiere silenciar a un juez, muere cuando los ciudadanos se acostumbran a callar y a normalizar las actuaciones propias de la mafia en sus instituciones.