100 primeros días

Ganar las elecciones será imprescindible. Saber para qué se ganan resultará decisivo. Porque una victoria de la derecha que se limite a sustituir ministros, repartir responsabilidades y administrar la herencia recibida habrá empezado a decepcionar antes de terminar sus primeras celebraciones. España necesita una rectificación profunda y reconocible. Y esa rectificación debe llegar preparada.

Los cien primeros días del nuevo Gobierno deben constituir el plazo para presentar ante las Cortes Generales los proyectos de ley que permitan desmontar el entramado sectario construido por el socialismo. No todo podrá quedar aprobado en ese tiempo: los procedimientos parlamentarios tienen sus exigencias y las garantías deben respetarse. Pero lo esencial deberá estar presentado, explicado y encauzado. El rumbo habrá de resultar inequívoco. La oportunidad política tiene fecha de caducidad. Al comienzo de una legislatura, el mandato de las urnas conserva toda su fuerza, la iniciativa pertenece al vencedor y la esperanza ciudadana ofrece un crédito que después empieza a consumirse. Cada aplazamiento facilita que los intereses afectados se reorganicen, que las resistencias encuentren portavoces y que las discrepancias entre socios se conviertan en obstáculos. Lo que al principio puede impulsarse con determinación termina después enredado en cálculos electorales. Por eso, esos cien días empiezan ahora.

El Partido Popular y Vox deberían estar trabajando ya, discretamente, en una agenda legislativa común. Con equipos jurídicos, especialistas y responsables políticos capaces de transformar los grandes anuncios en textos solventes. Cada reforma necesita conocer su finalidad, su instrumento, su coste y su calendario. También los obstáculos que encontrarán y la manera de superarlos dentro de la ley. Una consigna puede improvisarse en una tribuna; una reforma seria exige meses de preparación.

Discutir después de las elecciones aquello que podía haberse acordado antes sería una irresponsabilidad. Los españoles no pueden entregar una mayoría para contemplar, a continuación, una interminable negociación sobre cuestiones que ambos partidos llevan años denunciando. Si coinciden en la gravedad del daño, deben demostrar que también pueden coincidir en las medidas para repararlo. La primera tarea consiste en fijar prioridades. Recuperar garantías institucionales, reforzar la independencia de los órganos de control, devolver transparencia al empleo del dinero público y asegurar la neutralidad de la Administración. Revisar las normas que establezcan privilegios políticos, impongan interpretaciones oficiales del pasado o conviertan derechos y obligaciones en instrumentos de división. Preparar unos presupuestos coherentes con el cambio prometido. Y establecer procedimientos que permitan evaluar resultados y exigir responsabilidades.

Cada derogación deberá ir acompañada, cuando corresponda, de una alternativa. No bastará con anunciar que una ley desaparece si sus efectos permanecen dispersos en reglamentos, instrucciones administrativas, subvenciones o estructuras burocráticas. El sectarismo también se instala en la letra pequeña. Desmontarlo requiere conocer sus mecanismos, seguir sus ramificaciones y evitar que sobreviva bajo otro nombre. Habrá que distinguir además, entre las decisiones que corresponden al Gobierno y las que requieren intervención parlamentaria. Esa distribución del trabajo debe estar resuelta antes de llegar a la Moncloa. El primer Consejo de Ministros tendría que abrir una secuencia reconocible de actuaciones, respaldada por un acuerdo político público y un calendario que permita a los ciudadanos comprobar su cumplimiento.

La discreción previa tiene sentido; la ambigüedad posterior, ninguno. Trabajar en silencio permite negociar sin convertir cada diferencia en un espectáculo. Pero los electores deben conocer los compromisos fundamentales antes de votar. Se les pide confianza para ejecutar un programa, y tienen derecho a saber cuál es. Nadie debería descubrir después que una promesa solemne era únicamente una frase de campaña. Tampoco puede confundirse la necesaria firmeza con una revancha administrativa. Precisamente porque se denuncia la colonización partidista, el cambio debe acreditar criterios de mérito, competencia e independencia. Sustituir una obediencia por otra perpetuaría el problema. El propósito ha de ser que las instituciones sirvan a todos los españoles y que ningún partido pueda tratarlas como una prolongación de su sede.

Llegarán las acusaciones de extremismo, las campañas de descrédito y las invitaciones a posponer cualquier medida que incomode. Conviene preverlo. Un Gobierno elegido para rectificar debe saber explicar sus decisiones y sostenerlas con argumentos, sin quedar paralizado ante cada protesta. Escuchar forma parte de gobernar; renunciar sistemáticamente a lo prometido destruye la confianza de quienes hicieron posible el cambio.

No hay garantía automática de éxito en cien días. Sí existe la posibilidad de perder en ellos la iniciativa, la credibilidad y buena parte de una legislatura. Cuando las reformas se dejan para más adelante, ese «más adelante» acaba coincidiendo con la proximidad de otras elecciones. Entonces reaparece la recomendación de no tocar nada. La firmeza y el sentido de estar dispuesto a cumplir el programa, como a desmontar el sanchismo, no debe contemplar obstáculos, la autoridad salida de las urnas es la mayor fortaleza y por ello no merece ser lastrada por debilidades.

España no puede permitirse semejante círculo de excusas. PP y Vox deben llegar con trabajo hecho, prioridades acordadas y proyectos preparados. Las diferencias legítimas entre ambos tendrán su espacio; la obligación de cumplir con los electores debe tener precedencia.

El día primero habrá que empezar a gobernar. Para entonces, lo esencial tendrá que estar pensado, escrito y acordado. Porque los cien primeros días no son un periodo de cortesía: son la primera prueba de que la victoria electoral puede convertirse en una verdadera rectificación nacional.