La memoria de los verdugos

El 1 de julio de 1997 fue liberado José Antonio Ortega Lara tras 532 días de un secuestro especialmente cruel. Lo primero que le dijo al guardia civil que entró en el zulo fue «matadme de una p… vez» y, cuando se convenció de que no era uno de los etarras disfrazado, le preguntó si era 1 de julio. Porque una de sus obsesiones durante los casi dos años de tortura fue tratar de no perder la orientación temporal. Heroica tarea porque sus tres secuestradores, a los que jamás vio la cara, le castigaban en ocasiones privándole durante días enteros de las 7 horas diarias de luz que habitualmente le permitían, cuando no le ponían música vasca a todo volumen durante 24 horas y solo le daban a leer ediciones atrasadas de Egin o El País. Jamás pudo empatizar con ninguno de ellos, pero cuando, una vez liberado, pudo reconocer por la voz a Bolinaga, se acordó que era, con mucho, el peor de todos por su frialdad. El mismo Bolinaga que durante las largas y angustiosas horas que duró su liberación, permaneció tan silente como desafiante dispuesto a que Ortega muriese definitivamente de hambre en el zulo si la Guardia Civil no conseguía localizarlo.

La banda de asesinos no tardó en acusar tan certero golpe y a las pocas horas, su órgano de prensa Egin tituló con gran relieve tipográfico «Ortega vuelve a la cárcel», un titular lleno de rabia y cinismo, pero no contentos con tan miserable titular, ETA decidió secuestrar y asesinar de dos tiros en la nuca a un joven concejal, Miguel Ángel Blanco que pagaría el precio de la humillación que para esa banda de hienas salvajes supuso la liberación de Ortega Lara.

La responsable de aquel miserable titular de prensa, Mercedes Aizpurua Arzallus se sienta hoy en el Congreso de los Diputados representando a Bildu, ese partido heredero y tributario de asesinos, con el que el Presidente del Gobierno, el mismo que declaró antes de las elecciones: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar»; el mismo que no podría dormir si pactaba con Podemos, el Presidente más cínico y embustero de la historia de España, va a aprobar la que se denominará «Ley de Memoria Democrática».

Sánchez, Aizpurúa y el resto de partidos comunistas y separatistas que pueblan el Congreso van a imponer por ley un relato de nuestro reciente pasado a medida de los verdugos de 1936 y de los verdugos que estuvieron pegando tiros en la nuca hasta 2011. Esta ley haría las delicias de los más refinados chequistas, como el socialista García Atadell de la Checa de la calle de la S, o el anarquista Doctor Muñiz de la checa del Cinema Europa; de Julián Sevilla Sáez, conocido como el «Mataobispos», célebre por asesinar al obispo de Jaén Manuel Basulto Jiménez y a su hermana; de Juan Tomás Estelrlich y de Tomasa Velilla Hernández, de la patrulla del amanecer «Los linces de la República»; de Maximino de Frutos, responsable de los asesinatos del cementerio de Aravaca; de Lucio González García, «el Sereno», que dirigió la terrible matanza del tren de Jaén o de Felipe Marcos García-Redondo, jefe de los piquetes de ejecución de Paracuellos, donde fueron masacradas y arrojadas a fosas comunes más de cinco mil personas en el invierno de 1936. Desde su lugar de privilegio en el infierno, el siniestro comisario soviético Orlov y el embajador Rosemberg estarán disfrutando de lo lindo viendo cómo ochenta y seis años después, el parlamento español aprueba una ley en línea con las instrucciones que ellos mismos dieron a Largo Caballero en la célebre reunión en la Casa del Pueblo, en la que le dieron instrucciones para que los «Vivas a Rusia» dieran paso a la «Alianza Antifascista» y la lucha por la revolución se disfrazase de una lucha por la democracia contra el fascismo.

Pero el disparate no sería completo si no hubieran incorporado unas disposiciones al gusto de Josu Ternera y de Paquito, de Bolinaga y Henri Parot, gracias a los votos de la jefa de prensa de aquella banda que hoy se sienta en el Congreso. Sánchez, experto en profanar las tumbas de los muertos, ha conseguido que, en la nueva Ley de Memoria Democrática, se abracen dichosos los herederos de los asesinos de Calvo Sotelo y los de Miguel Ángel Blanco.

En el fondo no deja de alegrarme que esta ley, con la que van a reescribir nuestro pasado al gusto de los verdugos, declare que el régimen al que sirvió mi padre con lealtad durante toda su vida política fue ilegal; que se impuso frente a un «período democrático inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad, y sus avanzadas reformas políticas y sociales», aunque tranquilos, que esa declaración de ilegalidad no afectará a las pagas extraordinarias, a los más de 500 pantanos, a los más de cuatro millones de viviendas sociales, a la seguridad social, al Hospital de La Paz ni al Gregorio Marañón.

Porque si la legalidad se alía con los que volaron el Sagrado Corazón, abrieron en canal al obispo de Barbastro, o asesinaron niños en la Casa Cuartel de Zaragoza, prefiero instalarme en la clandestinidad y arriesgarme a que me encarcelen. Sólo espero que, a la hora de votar esa ley totalitaria y bastarda, algunos tengan la postrera dignidad de hacerlo encapuchados como tributo a los miserables que la inspiraron.