Lecciones olvidadas en la universidad

Cuando en marzo de 2009 el Banco de España intervino Caja de Castilla-La Mancha, muchos castellanomanchegos no se lo creían. La Caja había estado siempre ahí. A pesar de lo reiterados avisos premonitorios, y que parecía imposible que sucediese, acabó cayendo. El diagnóstico fue fácil, la mala gestión debido a su politización durante los mandatos de Bono y Barreda había debilitado la institución, que no pudo soportar el embate de la crisis.

Pero la memoria es frágil. O por lo menos eso han demostrado el Gobierno y sus socios esta semana en el Parlamento. Para su beneficio exclusivo, han politizado, y por lo tanto debilitado, instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Justicia Penal, la Economía, la Familia, la Universidad… Todas ellas son pilares fundamentales de nuestra nación que, al perder su independencia, pierden vigor y capacidad de resistir futuras crisis.

Entre tanto ruido de ministros corriendo como pollos descabezados para rendir pleitesía a aquellos que quieren acabar con España; Bildu, Esquerra y demás apéndices del PSOE, la reforma de la ley de Universidades ha pasado por debajo del radar de medios, ciudadanos e, incluso, de los propios universitarios. El resultado, aprobado el pasado martes en Comisión, ha sido, en términos generales, el que cabía esperar tras oír a la representante del Grupo Republicano afirmar en el Congreso que habían cumplido sus objetivos en la negociación con el Gobierno: el sistema universitario español ya no existe.

A cambio tenemos 17 sistemas independientes, con sus propias reglas de gestión, con rectores y profesores susceptibles de ser elegidos por sus afinidades políticas y con objetivos cargados de buenismo, pero alejados de las necesidades de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desaparece cualquier vestigio de coordinación entre las universidades: la ANECA (encargada de velar por la calidad del sistema) pasa a tener un papel residual y la Conferencia General de Política Universitaria (responsable de la coordinación entre CC. AA.) pierde atribuciones para facilitar la politización del sistema. En paralelo, y de forma taimada, el Gobierno entrega competencias a las autonomías a borbotones, algunas tan importantes como el reconocimiento de títulos extranjeros para que profesionales, como médicos, ingenieros o enfermeros, puedan trabajar en España.

Como recordaban los independentistas minutos antes de su aprobación, otro de los logros de la nueva norma es que no van a tener que aguantar a funcionarios del odioso Estado español: se laboralizan las universidades (todavía estoy esperando que los mal llamados sindicatos de clase pongan el grito en el cielo por esta «privatización») y las condiciones de empleo y el acceso a la vida académica se «flexibilizan». Esto quiere decir, por si había dudas, que resulta más fácil la contratación de amiguetes en puestos indefinidos.

Uno de los objetivos en el génesis de la ley, la estabilización de algunas figuras contractuales, como los falsos profesores asociados, no obtienen un reconocimiento claro por parte del Gobierno, pero si una inútil caracterización como indefinidos, que incrementa los costes a las universidades, pero es irrelevante, ya que para ser asociado es indispensable tener otro empleo. Reduce, también en el último borrador, las garantías de los estudiantes que no quieran hacer huelga a mero respeto, dejando indefensa a las mayorías frente a los grupos minoritarios.

Otra de las justificaciones para una nueva ley, el problema de la financiación, tampoco se soluciona. Frente a la obligación inicial de que las comunidades autónomas dotasen a la universidad con el 1 por ciento de su PIB, razón esgrimida por algunos rectores como justificación suficiente del desastre legislativo, la última redacción de la norma solo considera ese 1 por ciento como objetivo si «existen disponibilidades presupuestarias». Vamos, la nada…

Podría seguir contando duelos y quebrantos (becas, lenguas cooficiales, sueldos, etc.), pero lo importante no creo que sea lo que ya está hecho, sino lo que está por hacer. El Ministerio, sin ningún tipo de reparo, y como ejemplo del poco respeto que tiene al Legislativo este Gobierno, está empezando a desarrollar los reglamentos antes de que se apruebe la ley. Su objetivo, al igual que se hizo con la LOMLOE, es impedir que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa se puedan revertir los desmanes. Afortunadamente, ese momento está cada día, cada hora, más cerca, hay alternativa y hay talento para trabajar por España.

Carmen Navarro Lacoba es vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular