El precio de la mediocridad

Una de las crisis más evidentes de nuestro tiempo es el bajo nivel moral y de liderazgo generalizado en la política. Nos hemos acostumbrado a ver cómo este ámbito se llena de perfiles que difícilmente destacarían fuera de él: personas con escasa experiencia vital, capacidades limitadas y un débil sentido de la responsabilidad.

Desde mis 18 años he militado en dos partidos políticos. En ese tiempo he visto de cerca cómo personas poco preparadas y con limitado sentido de la ética escalaban hacia puestos de alta responsabilidad. No hablo solo de diputados o senadores: también de directores generales o secretarios de Estado. A la vista está que algunos han acabado siendo ministros o incluso presidentes del Gobierno. Y la política internacional no se libra de este problema porque se alimenta de esas mismas canteras.

La función de los partidos es seleccionar a quienes asumirán responsabilidades públicas, pero el resultado demuestra que ese sistema falla por completo. Dentro de estas organizaciones no se premia el talento, el mérito ni la integridad. Se premia la docilidad y la capacidad de agradar al líder. Prosperan quienes dicen a todo que sí, quienes aplauden y adulan, no quienes aportan ideas propias. Los dirigentes evitan rodearse de personas que puedan hacerles sombra. Esta cadena de mediocridad termina afectando a la calidad de los gobiernos y al progreso de las naciones.

Al mismo tiempo, este perfil de políticos convierte las administraciones –nacionales, autonómicas y municipales, en nuestro caso– en maquinarias burocráticas que dificultan la vida de ciudadanos, autónomos y empresas. Muchas normas son redactadas por gente alejada del día a día profesional o empresarial, incapaz de entender el impacto real de sus medidas. Decía Paul Valéry que la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que de verdad le concierne. Esa desconexión entre dirigentes y ciudadanos es evidente, y a la vez interesada.

Parte de las decisiones se toman además con miedo: al electorado, a la prensa, a la oposición e incluso al propio partido. El cortoplacismo impide adoptar medidas necesarias. No se piensa en el país dentro de veinte años, sino en las siguientes elecciones, cada cuatro.

La comparación con la empresa privada es inevitable. Mientras esta debe ser eficaz, cumplir plazos y optimizar recursos, la Administración actúa como si el exceso de trámites fuera una virtud. Lo público se mueve lento, caro e ineficiente en un mundo que exige rapidez y eficacia. Y, mientras Europa se desliza hacia la inviabilidad financiera –pensiones insostenibles, deuda desbocada, voracidad fiscal–, seguimos creyendo que todo se arregla con más gasto y más normas.

En el ámbito privado, quien dilapida recursos es reprendido o apartado. Sin embargo, en lo público se adoptan con impunidad decisiones que se sabe que llevarán al desastre: políticas energéticas ideologizadas que condenan a miles de hogares a la pobreza energética, que erosionan la competitividad industrial y comprometen la seguridad del suministro; reformas de pensiones que se posponen hasta que el sistema es insostenible; obras hidráulicas aprobadas y nunca ejecutadas, lo que convirtió una dana en una auténtica tragedia perfectamente evitable; apagones que evidencian una planificación eléctrica inexistente. Y todo ello mientras se utilizan recursos públicos para comprar votos en lugar de garantizar necesidades básicas.

El precio de esta mediocridad es altísimo: pobreza, inseguridad y pérdida de futuro. Ha llegado el momento de exigir más responsabilidad a quienes gobiernan. La cobardía, el cortoplacismo y la falta de visión no son solo defectos: son decisiones. Y esas decisiones nos están costando muy caro.

Por todo ello, necesitamos una nueva generación de políticos: personas rectas, bien formadas, con experiencia real y valentía para tomar decisiones necesarias aunque impopulares. Líderes capaces de aplicar en lo público el sentido común, la disciplina y la eficacia que millones de ciudadanos practican en su vida diaria.

Es cierto que quizá el sistema de remuneración no favorece atraer temporalmente a los mejores perfiles profesionales, pero debemos buscar la forma. Y digo «temporalmente» porque la política no puede convertirse en una profesión permanente: esa profesionalización ha alejado a quienes toman decisiones de la realidad que deberían servir.