Dependencia energética: el precio de las decisiones erróneas

En el debate sobre la guerra con Irán se ha instalado una confusión conveniente: presentar la subida del petróleo como un daño colateral evitable, como si el problema fuera la respuesta y no su causa. Es exactamente al revés.

Irán lleva años construyendo su capacidad para convertir el estrecho de Ormuz –por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial– en un instrumento de presión económica. No necesita cerrarlo formalmente: basta con generar la incertidumbre suficiente para que los flujos se reduzcan. El petróleo no pasa. Y lo que no pasa, sube de precio. En Tokio, en Berlín, en Sevilla.

Desde finales de febrero, la gasolina ha subido casi un 19 % en España. No es una anomalía: es la manifestación de una vulnerabilidad estructural.

Porque, aunque Ormuz es crítico, Europa –y especialmente España– no es la región más directamente dependiente de ese flujo. Su exposición es indirecta: precios globales y competencia por suministro.

El epicentro real está en Asia.

Alrededor del 80 % del petróleo que atraviesa Ormuz se dirige a mercados asiáticos, y China absorbe una parte sustancial. Aproximadamente la mitad de sus importaciones de crudo dependen directa o indirectamente de esa ruta. A ello se suma su dependencia de petróleo ruso, iraní y venezolano.

Estados Unidos ha identificado esa vulnerabilidad y está actuando sobre ella. No solo en clave energética, sino geopolítica: reducir la fiabilidad de esas fuentes y, con ello, la posición estratégica de China.

China no está reaccionando desde una posición de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Esa dependencia –construida durante años– ha sido identificada y explotada por Estados Unidos, que la ha convertido en un punto de presión estratégica. Esa presión obliga a China a intentar compensar su debilidad: diversificando parcialmente suministros y reforzando su capacidad nuclear.

Pero el impacto en China no es neutro para Europa. Al reposicionar sus dependencias, China altera equilibrios en mercados ya de por sí tensionados y eleva la volatilidad de los precios. Y es ahí donde Europa, altamente expuesta a esos mismos mercados, resulta especialmente vulnerable.

Y ahí empieza el verdadero problema.

Europa no depende tanto de Ormuz como de un conjunto de dependencias igualmente frágiles que ha ido acumulando.

Antes de la guerra de Ucrania, la Unión Europea importaba alrededor del 40 % de su gas de Rusia y cerca del 25 % de su petróleo. Esa estructura hacía al continente vulnerable no solo en petróleo, sino en el conjunto de su sistema energético.

Cuando esa dependencia se rompió, Europa no ganó autonomía: tuvo que acudir al mercado global –especialmente al gas natural licuado– en condiciones más caras, más volátiles y sometidas a competencia directa con Asia.

Frente a ello, Estados Unidos siguió una estrategia distinta. Apostó por desarrollar sus propios recursos, incluyendo el fracking y otras tecnologías que Europa descartó por motivos políticos y regulatorios. El resultado es que hoy Estados Unidos ha alcanzado una posición cercana a la autosuficiencia energética, mientras Europa ha incrementado su exposición a mercados externos.

España es un ejemplo especialmente revelador.

Durante décadas, su dependencia gasista estuvo concentrada en Argelia, que llegó a representar más de la mitad de su suministro y sigue siendo hoy su principal proveedor. Pero decisiones políticas deterioraron esa relación estratégica en un momento crítico.

El resultado no fue mayor autonomía.

Fue exactamente el contrario: una mayor exposición al mercado global de gas natural licuado y, en consecuencia, un aumento de las importaciones –incluido el gas ruso– en plena crisis energética europea.

Es decir: se sustituyó una dependencia relativamente estable por otra más cara, más volátil y geopolíticamente más contradictoria.

El problema europeo no es una dependencia concreta. Es el modelo.

Y el error más profundo ha sido el abandono de la energía nuclear.

Mientras Estados Unidos mantiene su parque nuclear y China lidera la expansión global, Europa se retira.

Dentro de la Unión Europea, la excepción es Francia, que obtiene cerca del 70 % de su electricidad de origen nuclear.

El resto ha hecho lo contrario.

Alemania ha cerrado. Otros han paralizado. Y España ha optado por desmontar su capacidad firme.

Hasta el punto de que se ha instalado una contradicción difícil de justificar: mientras España reduce su capacidad nuclear, importa electricidad de Francia generada por centrales nucleares situadas a pocos kilómetros de su frontera.

No es una transición energética. Es una transferencia de dependencia.

El resultado es una secuencia clara:

Vulnerabilidad en petróleo.

Dependencia en gas.

Falta de autonomía eléctrica.

Estados Unidos presiona.

China se reposiciona.

Francia protege.

Europa —sin Francia— se debilita.

Y dentro de Europa, España no solo participa de esa debilidad: la agrava, impulsada por una política energética guiada más por criterios ideológicos que por una lectura realista del entorno estratégico, en un momento en el que la prudencia era imprescindible.

Y lo más grave no es solo que Europa no se ayude a sí misma.

Es que, en demasiadas ocasiones, dificulta los esfuerzos de otros que podrían reducir —aunque sea indirectamente— la dependencia global de fuentes volátiles.

Por eso, el problema no es solo energético. Es estratégico.

Y se agrava aún más en el caso de Irán.

El programa nuclear iraní no es civil. Nunca lo fue. Es un programa con dimensiones militares, basado en ocultación, desarrollo sostenido y enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al grado militar.

Un Irán con capacidad nuclear no solo podría estrangular el suministro energético global. Podría hacerlo protegido por una amenaza existencial.

Europa lo sabía. Y decidió mirar hacia otro lado.

Hoy, además, ha dado un paso más.

Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, España no solo ha evitado asumir responsabilidades: ha optado por obstaculizar activamente las iniciativas destinadas a contener esa amenaza.

La decisión de impedir que aviones –estadounidenses y europeos– que operan para garantizar la seguridad energética sobrevuelen el espacio aéreo español no es una posición neutral.

Es una decisión política que debilita la respuesta colectiva frente a una amenaza estratégica y que, además, sitúa a España en contradicción con sus propios intereses.

No corrige nuestra vulnerabilidad. La agrava.

Y lo hace en un momento en el que esa vulnerabilidad es ya evidente.

Esto no es una crisis externa. Es el resultado directo de decisiones internas que Europa –y particularmente España– aún se niegan a corregir.