La nacionalidad española no es un regalo del gobierno de turno

La nacionalidad española no es una dádiva, una concesión simbólica ni una herramienta al servicio de los intereses políticos del Gobierno de turno. Es el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado y el presupuesto para ejercer algunos de los derechos más importantes que reconoce nuestra Constitución, entre ellos el derecho de sufragio. Precisamente por ello, no puede convertirse en una moneda de cambio política ni en un instrumento que comprometa la confianza de los ciudadanos en la limpieza del sistema democrático.

Cualquier reforma que amplíe el acceso a la nacionalidad debe someterse al máximo nivel de exigencia jurídica. No basta con invocar una finalidad legítima; es imprescindible que el procedimiento incorpore garantías suficientes de legalidad, transparencia y control para preservar la confianza de los ciudadanos en la neutralidad del Estado.

La denominada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática, nació con la finalidad declarada de reparar determinadas situaciones históricas vinculadas al exilio. Ese objetivo puede ser compartido o discutido políticamente. Sin embargo, el desarrollo posterior de la norma y la amplitud de su aplicación han abierto un intenso debate jurídico sobre sus límites y sobre su incidencia en la composición del cuerpo electoral. A ello se suman las políticas de regularización extraordinaria de inmigrantes que, con el paso del tiempo, también pueden traducirse en nuevas incorporaciones al cuerpo electoral, con consecuencias que trascienden el ámbito migratorio y afectan al propio funcionamiento de nuestra democracia.

El Gobierno sostiene que estas medidas responden exclusivamente al reconocimiento de derechos. Sin embargo, asociaciones civiles y partidos de la oposición consideran que su aplicación ha desbordado el alcance inicialmente previsto y reclaman mayores garantías, transparencia y control. Cuando una decisión pública tiene capacidad para ampliar de forma significativa el número de potenciales electores, el debate deja de ser únicamente político para convertirse en una cuestión de la máxima relevancia constitucional.

En democracia no solo importa cómo se vota. También importa quién puede votar y cómo adquiere esa condición. El cuerpo electoral constituye la base sobre la que descansa la soberanía popular. Por ello, cualquier medida con capacidad para incidir de forma relevante en el censo debe adoptarse con absoluto respeto a la ley, con reglas claras, procedimientos verificables y mecanismos eficaces de control parlamentario y jurisdiccional.

No se trata de negar derechos a quienes legalmente puedan acceder a la nacionalidad española, ni de cuestionar la reparación de injusticias históricas. Se trata de recordar que el Derecho de la nacionalidad no puede desligarse de sus consecuencias constitucionales. Cuando una política pública puede alterar de forma significativa la composición del cuerpo electoral, la seguridad jurídica, la neutralidad institucional y la confianza de los ciudadanos dejan de ser principios abstractos para convertirse en exigencias irrenunciables del Estado de derecho.

La confianza en las instituciones no se construye en el vacío. También depende del comportamiento de quienes gobiernan. Y es evidente que el actual Gobierno, no es confiable, afronta una profunda crisis de credibilidad para una parte importante de la sociedad. Los sucesivos casos de corrupción de miembros del gobierno y familiares, la tensión y la injerencia permanente con instituciones del Estado, las reformas lesivas para la separación de poderes y el deterioro del clima institucional han dinamitado cualquier confianza, por lo que aún es más necesario desarrollar procedimientos especialmente rigurosos y sometidos al máximo control.

La nacionalidad española merece el máximo respeto porque representa mucho más que un documento administrativo. Es la puerta de entrada a la comunidad política y al ejercicio de la soberanía popular. Precisamente por ello, ninguna reforma con efectos sobre el cuerpo electoral debería generar dudas sobre la neutralidad del sistema ni alimentar la percepción de que las reglas pueden modificarse desde el poder en beneficio de quien gobierna.

La democracia no se protege únicamente el día de las elecciones, se protege todos los días, garantizando que las reglas que determinan quién forma parte del cuerpo electoral permanezcan al margen de cualquier interés partidista, con independencia de quién ocupe el Gobierno. Porque la democracia es de todos no de los políticos como ellos creen.