Padre Ángel Ayala, SJ: Cuando la Doctrina Social encontró un apóstol
«Lo que la Iglesia quiere es una más justa distribución de la riqueza, lograda no con revoluciones, sino de un modo posible, gradual, justo, hecho por gobernantes prudentes y técnicos»
El Padre Ayala, con dos colaboradores
El 11 de enero de 1950 se publicaba una entrevista al padre Ángel Ayala, jesuita y fundador de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), en el diario Pueblo. Con el cambio de lustro, en el meridiano del siglo XX, el rotativo se propone plantear una serie de cuestiones a diversos personajes de la vida social de la época. Con base en unas cuartillas enviadas por el jesuita al periódico, podemos reflexionar en torno al perfil espiritual y de pensamiento del padre Ángel Ayala, después de una larga vida, rica en iniciativas novedosas de apostolado y obras. Una vida apostólica no exenta de problemas, falsas acusaciones, la propia vivencia de la Guerra Civil y del posterior régimen autoritario. El padre Ayala contaba ya con 83 años.
Más allá de etiquetas simplificadoras, como son todas las ideológicas, podemos afirmar, sin lugar a duda, que el pensamiento social de Ángel Ayala se alinea perfectamente con el pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia hasta ese momento: León XIII, Pío XI y Pío XII. Salario justo y justicia social, concepción orgánica de la vida social y subsidiariedad del Estado.
El artículo presenta al padre Ángel Ayala como un apóstol de la acción social católica que une propagación de la fe y organización social. Su punto de partida es claro: la regeneración religiosa del pueblo. Y lo hace defendiendo una idea reiterada, también, en su obra educativa, el bienestar humano. Eso sí, «el preciso para atender a la crianza y educación de los hijos, de modo que pueda transmitirles alguna propiedad con la que lleven una vida de trabajo honrado sin miserias insoportables». Denuncia don Ángel Ayala la enorme desigualdad existente en la distribución de las riquezas, «unos pocos que lo tienen todo y otros infinitos que no tienen nada». En líneas sucesivas recalca: «Yo he pasado por una dehesa de treinta y cinco kilómetros. Es monstruoso que haya quien diariamente se gasta en una comida doscientas o trescientas pesetas, mientras hay muchas familias que no tienen ni un mendrugo para sus hijos. Siempre habrá pobres y ricos. Es fantasía pensar que con el tiempo no los habrá porque todos serán iguales. Pero lo que la Iglesia quiere es una más justa distribución de la riqueza, lograda no con revoluciones, sino de un modo posible, gradual, justo, hecho por gobernantes prudentes y técnicos».
Además, Ayala insiste en una organización obrera reunida en sindicatos católicos. Pero este corporativismo debe estar ajustado a las enseñanzas sociales de la Iglesia, y es incompatible con un Estado que absorba, dirija o domine toda iniciativa de la sociedad civil o las iniciativas de formación de las élites o selectos impulsada por su propia fundación, la Asociación Católica de Jóvenes Propagandistas, desde principios de siglo XX.
La diferencia entre la organicidad defendida por la Doctrina Social y el corporativismo franquista puede y debe ser clarificada. Y el padre Ángel Ayala lo matiza, muy sutilmente, hablando de unos sindicatos: «con un programa ajustado a las enseñanzas sociales de la Iglesia y jefes obreros educados en cristiano, con prestigio en su profesión, talento y honradez. Es idea de la Iglesia».
Una dignidad irreductible
Para la Iglesia, ya desde antes de Rerum novarum, la comunidad política es natural, sí, pero la persona posee una dignidad irreductible y nunca es un órgano subordinado de un todo político; el bien común no es el interés del Estado ni la unidad funcional del cuerpo social, sino el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de las personas y de los grupos intermedios; y, sobre todo, el principio de subsidiaridad, formulado por Pío XI en Quadragesimo anno, limita de modo estructural cualquier pretensión de integración estatal, pues establece que lo que puedan realizar las instancias inferiores no debe asumirlo una superior. El Estado no absorbe a la persona; el todo no anula la parte.
Por otra parte, en el texto vemos un Ángel Ayala que defiende límites a la libertad de prensa, reunión y asociación. Esta posición crítica no debe ser interpretada o juzgada desde esquemas y premisas actuales, sacándola de su contexto histórico, de la circunstancia personal y de las propias enseñanzas doctrinales de la Iglesia. Para el padre Ángel Ayala estas libertades, sin freno, han conducido a la descomposición moral y al retroceso ético de la sociedad; así como a la Guerra Civil española. El padre Ayala parte de una convicción fuerte: la libertad no es un valor absoluto, sino subordinado a la verdad y al bien moral. Cuando la libertad de prensa o reunión se ejercen sin referencia al bien común, de una forma «desenfrenada», dejan de ser libertad para convertirse en instrumento de descomposición social «con esa libertad no hay fe en nada, ni progreso en nada, sino incultura y salvajismo». Lo mismo ocurriría con la libertad de reunión y asociación cuando se emplea para «conspirar contra todo y contra todos en beneficio de unos cuantos capitostes con facilidad de palabra y no mucho pudor».
Desde una perspectiva actual, a menudo formulada en términos marcadamente maniqueos, su posición sería considerada antiliberal e incluso calificada de «ultra-[…]»; sin embargo, desde su propia lógica resulta coherente con una concepción del orden social en la que la verdad religiosa precede y fundamenta cualquier libertad política. El padre Ayala, con la fundación de la ACdP, se adelantó a su tiempo, poniendo en primera línea el papel de los laicos en la evangelización de la vida pública propugnado, con posterioridad, por el Concilio Vaticano II; en esta cuestión de las «libertades» tiene un posicionamiento que podríamos calificar como defensivo, completamente, acorde con el pensamiento de la Iglesia en ese momento histórico, por tanto, preconciliar. En ese marco, limitar la prensa o el asociacionismo no es autoritarismo en sentido estricto, sino defensa de un orden moral objetivo y un rechazo del liberalismo decimonónico que entendía estas libertades como derechos absolutos.
En contraste, el Concilio Vaticano II dio un giro decisivo al fundamentar estas libertades en la dignidad de la persona humana. Gaudium et spes reconoció la necesidad de «un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión» (GS, 73). La doctrina social evolucionó en su comprensión de las libertades modernas, pero no en vida del padre Ayala. Ahora bien, evolución no es ruptura. El principio sigue siendo el mismo; la libertad debe ordenarse al bien común y la verdad tiene primacía moral. Lo que cambia es la mediación jurídica y política, es decir, el modo de aplicarlo en sociedades plurales.
El periodista del artículo al que nos venimos refiriendo afirma que el padre Ángel Ayala no necesita elogios, ni presentaciones, su mejor presentación y, a modo de corolario, parafraseando el texto sería su «larga vida dedicada al trabajo y la propaganda de la fe». Sencillamente, nos corresponde reconocer que su modo novedoso de propagar la fe fue gastar la vida en servir, formar y organizar con fe profunda, esperanza inquebrantable y caridad sin distinciones (virtudes teologales que uno no puede darse a sí mismo); y que, en ese testimonio, sigue ofreciendo hoy un criterio vigente para pensar y obrar cristianamente en la sociedad. Por eso, celebramos gozosamente la apertura oficial del proceso diocesano de canonización del jesuita y fundador de la ACdP, padre Ángel Ayala.