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El ministro Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello (i), y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz SariegoEuropa Press

Bolaños encalla en su intento de instrumentalizar a la Iglesia a costa del acuerdo sobre abusos

Estaba previsto que hoy jueves se firmara, pero todavía se están «ultimando los detalles»

El objetivo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, era bastante evidente: imponer a los obispos y religiosos unas condiciones leoninas en el acuerdo sobre la atención e indemnización a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica.

Según fuentes consultadas por El Debate, «Bolaños quería llegar mañana viernes al Vaticano con el acuerdo firmado con los obispos debajo del brazo, pero no va a ser así». El ministro acompañará a los Reyes en su visita al Papa León XIV, y quería «colgarse la medalla» –según las mismas fuentes– delante del Santo Padre, algo que, finalmente, no ocurrirá.

Ya desde la firma del acuerdo previo entre el Gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, el pasado 8 de enero, Bolaños ha tratado de sacar rédito de la situación. En la rueda de prensa que se celebró ese día, Bolaños compareció con un tono triunfalista que fue posteriormente moderado por monseñor Argüello, quien recordó que ese acuerdo contemplaba aspectos que no habían sido satisfechos aún por el Ejecutivo.

Víctimas de cualquier ámbito

El acuerdo definitivo tenía previsto firmarse hoy jueves, algo que no ha sido posible porque están «ultimando los detalles», según han revelado a Ep fuentes conocedoras del acuerdo. «Cuando terminen los trabajos, se firmará», corroboran desde la Iglesia, poco amiga de precipitaciones, y menos cuando el oponente se guía por un rédito electoralista.

Uno de los puntos en los que insiste la Iglesia es en que el Gobierno se comprometa a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, y no solo en el entorno de la Iglesia católica, que parece ser el único ámbito en el que el Ejecutivo está interesado.