Memoria histórica
Sobre una escalinata y un muro ahora lleno de grafitis se alza la Cruz del Parque Ribalta, en Castellón, donde lleva colocada 79 años, desde 1944. Antes se podían leer detrás de ella «Víctimas de la violencia», pero ahora, considerada un «vestigio del franquismo» a la luz de la ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana de 2017, ya se ha iniciado el plan para su retirada.
Para muchos, es considerado un símbolo religioso de concordia y el propio obispado ha comunicado que de la cruz les parece «totalmente improcedente» por razones religiosas, históricas y culturales que el Vicario general de la diócesis de Segorbe-Castellón expuso en un escrito a la regidora de Memoria Democrática del Ayuntamiento.
En una reunión posterior, ante la propuesta del ayuntamiento, el obispado aceptó hacerse cargo del monumento y mantener así «el carácter religioso de la misma y conservarla adecuadamente». La cruz se trasladaría a la parroquia castellonense de Santo Tomás de Villanueva.
El inicio de las obras estaba previsto para el pasado 3 de agosto, pero ante las vallas colocadas para impedir el acceso al recinto y al conjunto monumental se reunieron partidarios de su retirada y de su conservación, con banderas republicanas por un lado y pancartas de «la cruz no se toca» por otro. La tensión casi hizo caer la cruz por su propio peso.
De momento, una medida cautelar ha impedido que las obras comiencen. Una de las condiciones de la contratación por parte del Ayuntamiento era que las vallas debían ser opacas y de al menos dos metros de altura, pero eran de reja de metal. No obstante, la fundación Abogados Cristianos ha denunciado que el encargo se había realizado a una empresa fantasma. Solaris Purgaret «es una empresa recién creada, que no tiene registrada ninguna actividad, con impagos y registrada en una dirección falsa», afirman los abogados cristianos.
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