Las Misioneras de la Caridad de Nicaragua fueron expulsadas del país el pasado mes de junio
Cristianos perseguidos
Monjas terroristas: la excusa legal de las dictaduras para expulsar a religiosas y misioneros
Las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo permiten en países como China, Filipinas o Nicaragua acusar, juzgar y condenar a miembros de la Iglesia por financiación del terrorismo
Las Hermanas de la Caridad tuvieron que salir de Nicaragua acusadas de terrorismo. En Filipinas, fueron también señalados por este mismo motivo un grupo de religiosas y misioneros católicos. Y en China, sonado es el caso del cardenal Zen, que ha comparecido ante el jurado este lunes 26 de septiembre acusado de ayudar con un fondo de ayuda humanitaria a los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong.
Monjas terroristas y misioneros que financian terrorismo. Las leyes de algunos de los países más dictatoriales del mundo contemplan bajo una supuesta norma de seguridad nacional el acusar, juzgar y condenar a la Iglesia por apoyar a todo aquel que resulta molesto para el gobierno o que genere más ruido del necesario.
El cardenal Zen, en 2018
La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong fue aprobada el 30 de junio de 2020 por la República Popular China y ese mismo día entró en vigor. Al ser imprecisa y muy general, bajo sus disposiciones casi cualquier cosa podría ser una amenaza para la «seguridad nacional». Además, puede aplicarse a cualquier persona del mundo.
Esta es la norma por la que Joseph Zen, el cardenal demócrata de 90 años, fue acusado por supuestamente «colaborar con fuerzas extranjeras». Zen era el encargado de gestionar el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, ya extinto, que se empleaba para dar apoyo y asistencia financiera a los manifestantes a favor de la democracia de esta región al sureste de China.
Navegando un poco más al sur del mar de China meridional, se encuentra Filipinas. Allí, en febrero de 2020, el Consejo de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Gobierno congeló las cuentas de la organización Rural Missionaries of the Philippines por presunta financiación de terrorismo y por enviar dinero al partido comunista. Los misioneros declararon en ese momento que esta acción «solo está privando a los pobres de las zonas rurales de la ayuda y de los servicios que merecen y que el Gobierno se niega a proporcionarles».
Misioneras en Filipinas
Más recientemente, en agosto de 2022, cinco monjas de Misioneros Rurales de Filipinas fueron acusadas de supuesta «financiación terrorista». En total, fueron 16 personas las imputadas a la luz de la ley antiterrorista del país, aprobada en julio de 2020. Tras su entrada en vigor, la Asociación de Superiores Mayores Religiosos envió un recurso al Tribunal Supremo porque la norma se podía «usar y se usará para reprimir la disidencia y restringir el derecho a expresarse libremente».
En su momento, los misioneros rurales, a través de un comunicado recogido por la Agencia Fides, declararon: «Hoy se utiliza la ley como arma contra nosotros, pero no nos dejaremos intimidar ni obstaculizar en nuestra misión».
Un grupo de misioneras de la caridad con el tradicional sari con el que vestía la Santa Madre Teresa de Calcuta
Monjas, misioneros y otras personas relacionadas con la Iglesia son acusadas y juzgadas en Asia oriental y el sudeste del continente. Pero todavía no han sido condenadas. El cardenal Zen ha sido juzgado la mañana de este lunes en Hong Kong y espera la decisión de los jueces, y las religiosas filipinas, de ser declaradas culpables, harían frente a condenas de 40 años de prisión y una multa de entre 500.000 y un millón de pesos filipinos.
Quienes sí han sido finalmente condenadas y expulsadas de su país han sido las Misioneras de la Caridad de Nicaragua, que encontraron un nuevo hogar en Costa Rica. A finales del pasado mes de junio, Ortega ordenó el cierre de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que llevaba en el país centroamericano desde 1988. La acusación contra las religiosas fue haber incumplido distintas obligaciones legales contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Junto a ellas, otras 100 organizaciones sin ánimo de lucro por todo el país fueron clausuradas.
Desde entonces, y en un repunte de la persecución a los cristianos en Nicaragua, el Gobierno ha seguido cerrando organizaciones, medios de comunicación ligados a la Iglesia y deteniendo sacerdotes que todavía no habían huido del país, como el obispo de Managua Rolando Álvarez.
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