Según el Derecho Canónico, está prohibido violar el secreto de confesión
El estado de Washington quiere que el clero viole el secreto de confesión
Varios países en distintos continentes se encuentran enzarzados en una polémica: aprobar leyes que obliguen a los sacerdotes católicos a violar el sigilo sacramental
El estado de Washington se encuentra enzarzado en una colosal polémica ante la propuesta de obligar a los sacerdotes a violar el sigilo sacramental en caso de información que afecte a abusos sexuales de menores. Un debate que ya han vivido California y Australia, con desenlaces diferentes.
Washington, uno de los cincuenta estados que forman los Estados Unidos, cuya ciudad más poblada es Seattle, se ha convertido en el último terreno de batalla en este debate.
El debate
En marzo, el Senado del Estado aprobó un proyecto de ley, que convertiría a los clérigos en informadores obligatorios, es decir, personas obligadas por ley a informar sobre presuntos casos de abusos sexuales de menores. El proyecto de ley, que se aprobó por unanimidad, reconocía una excepción: la información recabada en el secreto de confesión.
Cuando el proyecto fue sometido al voto de la Cámara de Representantes del estado de Washington, se suprimió la exención por 75 votos contra 20, imponiendo así por ley a los sacerdotes la violación del sigilo sacramental. Como era de esperar, el Senado rechazó esta enmienda, y ahora la Cámara tiene que volver a votar.
Está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente
Cárcel
En pleno debate, el obispo de Spokane, monseñor Thomas A. Daly, ha explicado que el secreto de la confesión constituye un elemento fundamental del derecho a la libertad religiosa y que sus sacerdotes están dispuestos a ir a la cárcel antes que a romper este secreto.
«Quiero aseguraros que vuestros pastores, vuestro obispo y vuestros sacerdotes, se comprometen a mantener el sigilo de la confesión, aunque eso implique ir a la cárcel», escribió monseñor Daly en una carta a los católicos de la diócesis de Spokane.
«El sacramento de la penitencia es sagrado y seguirá siéndolo en la diócesis de Spokane», añadió.
«Inviolable»
Para la Iglesia «el sigilo sacramental es inviolable», pues es el único modo para garantizar la libertad de conciencia del penitente. Por este motivo, el Código de Derecho Canónico, en el número 983, establece que «está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo».
Para el sacerdote que viola el secreto de la confesión, la Iglesia prevé la pena máxima, la excomunión: «El confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; quien lo viola sólo indirectamente, ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito», indica el canon 1388 del Código de Derecho Canónico.
Monseñor Daly recuerda en su carta que «el estado de Washington no es el primer órgano de gobierno que intenta criminalizar nuestro compromiso de mantener sagrado el sigilo de la confesión».
«La historia está repleta de ejemplos de reyes, reinas, dictadores, potentados y legisladores que han intentado que se viole el sigilo de la confesión mediante la ley, la coacción o el decreto. Todos han fracasado», constata el prelado.
California y Australia
El estado de Washington no es el primero en el que se intenta por ley obligar a los sacerdotes a violar el sigilo de la confesión. En julio de 2017, el Senado de California retiró la ley que había aprobado al constatarse que violaría la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad religiosa. Por otra parte, la propuesta había suscitado una enorme protesta entre la población.
Donde sí ha pasado una ley que obliga al sacerdote a romper el secreto es en Australia, más en concreto, en el estado de Australia Occidental, donde desde el pasado 1 de noviembre los clérigos están obligados a revelar la confesión de un penitente en caso de que aporte información sobre abuso sexual de menores.
La ley no tuvo en cuenta el hecho de que un sacerdote no puede dar la absolución si el penitente no está dispuesto a reparar su crimen, lo que implica necesariamente constituirse ante las autoridades.
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