Fisioterapeutas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid atienden a pacientes con covid
Salud
La Ley de Equidad, a examen: los sanitarios temen que provoque «más tiempo de espera»
Las enfermeras creen que es «imposible» que la sanidad pública saque adelante todo el volumen de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas
¿Funcionará la Ley de Equidad, cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros? Lo cierto es que la norma sanitaria nace con la oposición frontal de Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, de la sanidad privada y de parte de los profesionales sanitarios.
En concreto, los enfermeros no acaban de verlo claro. El Consejo General de Enfermería (CGE) ha mostrado su temor a que el nuevo proyecto de ley de Sanidad provoque un considerable aumento del tiempo de espera.
A juicio de los enfermeros, la norma necesitará de una «importante» inversión pública. El CGE ha reconocido en un comunicado que les preocupan las «trabas» a la sanidad privada.
«Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario»
Enfado de la sanidad privada
Este colectivo entiende que es «imposible» que la sanidad pública saque adelante todo el volumen de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas complementarias y han recordado que el sistema sanitario español es «público-privado».
De lo que se sabe del anteproyecto, lo cierto es que la sanidad privada no está nada conforme.
Así, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha cargado muy duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por este texto.
«Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia de la COVID-19 sin tener a los recursos privados a disposición», decía el presidente de Alianza de la Sanidad Privada, Carlos Rus.
Según esta asociación, uno de cada tres pacientes hospitalizados por covid en España ha sido atendido en la sanidad privada, bien sea por seguros, mutuas o derivados de la pública: 63.800 hospitalizados sobre 211.064, en base a los datos a 31 de diciembre de 2020, es decir, el 30,2 %. «Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario», insiste el presidente de ASPE.
Choque con Unidas Podemos
La futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) amenaza con fracturar al Ejecutivo, cuyo choque puede vislumbrarse cuando la norma se discuta en el Congreso de los Diputados.
Los morados han avisado a los socialistas que si en el trámite parlamentario no se produce una modificación que limite la privatización de la sanidad, no la votarán.
Si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad, no la votaremos
Podemos lleva tiempo con la sanidad privada entre ceja y ceja, a pesar de su éxito en España, donde más de 11 millones de ciudadanos tienen póliza. La formación no entiende que el artículo 47 de ese texto hable de que los servicios sanitarios se realicen «preferentemente» en el ámbito público, pero dejando la puerta abierta a la colaboración con el sector privado.
En qué consiste esta ley
Pedro Sánchez se ha vanagloriado en que la ley «evitará» que se privatice la sanidad pública.
Carolina Darias dice que el anteproyecto tiene como grandes objetivos garantizar la universalidad de la sanidad, limitar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables, priorizando la gestión pública directa o limitar a lo imprescindible las derivaciones de pacientes al sector privado, al tiempo que se minimiza la diferencia de prestaciones por comunidades.
Una de las metas de este anteproyecto, que posteriormente deberá ser ratificado en el Congreso, es el de garantizar que todas las personas residentes en España, independientemente de su situación, tengan acceso gratuito a la sanidad.
Carolina Darias dice que el anteproyecto tiene como grandes objetivos garantizar la universalidad de la sanidad, limitar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables, priorizando la gestión pública directa o limitar a lo imprescindible las derivaciones de pacientes al sector privado, al tiempo que se minimiza la diferencia de prestaciones por comunidades.
Una de las metas de este anteproyecto, que posteriormente deberá ser ratificado en el Congreso, es el de garantizar que todas las personas residentes en España, independientemente de su situación, tengan acceso gratuito a la sanidad.
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