Mejoras en la productividad y eficiencia operativa de la industria ayudan a evitar el desperdicio
Anteproyecto de ley
El Gobierno inicia la lucha contra el despilfarro de alimentos
Los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.
«No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura, que aquel que se despilfarra», ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según ha insistido Planas, que añade que la norma busca producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.
Las cifras indican que en 2020 tres de cada cuatro hogares españoles desperdiciaron comida y eso que fue el año de la pandemia y durante unos meses estuvimos encerrados. Los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos por persona. Algo común en los estados más desarrollados, y que choca cuando 1.600 millones de personas pasan hambre en el mundo y están malnutridas.
La iniciativa legislativa pretende evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.
Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos
Trazabilidad de los productos donados
Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. De este modo las empresas donantes y las receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos.
Cuando no se done, o no tengan suficiente vida útil ciertos productos, tendrán que ser transformados en zumos, mermeladas o cremas. Y, ha explicado Planas, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o para «otros sectores». Ha señalado como ejemplo la posibilidad de ser usados como «compostaje en la agricultura» o como «materia energética» para la fabricación de biogás u otros combustibles.
Sanciones
El régimen sancionador establece cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros: no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social, o que las empresas receptoras no mantengan una correcta práctica de conservación o manipulación de los alimentos donados e impedir la donación de alimentos mediante estipulación contractual.
También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los motivos mencionados más arriba. Se considerarán faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros, la segunda o posterior infracción grave reincidente.
Suscribir convenios para donar
Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se deben recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.
Otra de las nuevas obligaciones para los agentes de la cadena agroalimentaria pasa por que estos tendrán que impedir el desecho de alimentos en la basura. Entre otras medidas, el Gobierno recoge en esta norma que los productos con fecha de consumo preferente vencida se presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación. Siguiendo esta línea la ley incluye una medida adicional para los espacios de más de 400 metros cuadrados que deberán disponer de un lineal específico donde se presenten determinados productos en perfecto estado pero presenten una «apariencia rechazable por parte del consumidor».
Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.
Además, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención.
Igualmente, las administraciones públicas estarán obligadas a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.
Entra en vigor en 2023
Una vez aprobado el proyecto de Ley en primera lectura, ahora se seguirá el procedimiento habitual de toma de consulta a las comunidades autónomas. Se recabará opinión de las organizaciones y asociaciones afectadas por la norma, se solicitarán todos los informes preceptivos a otros ministerios y a aquellos órganos colegiados pertinentes y finalmente al Consejo de Estado.
Una vez reelaborado el texto con las aportaciones que se consideren, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes Generales para el trámite parlamentario. Está previsto que la ley pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
Con esta reglamentación España se convierte en el tercer país en legislar en la UE sobre el desperdicio alimentario, tras Francia e Italia.
Aplicación móvil
Too Good To Go es una aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos. Lleva relativamente poco en funcionamiento y pone en contacto a comercios o establecimientos con usuarios interesados en adquirir comida apta para el consumo que está a punto de ser desechada pese a cumplir con todas las garantías. En 2020 estos han sido algunos hitos de esta app:
- Cada pack salvado corresponde al ahorro de 2,5 kg de CO2.
- 28.615.597 millones de comidas se salvaron de ir a la basura.
- Más de 50.000 establecimientos se han unido al movimiento.
- Casi 12 millones de ciudadanos descargaron la app en todo el mundo.
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