Si se confirma que la Corte Suprema de Estados Unidos anula la sentencia
Roe vs. Wade,
que estableció en 1973 el aborto hasta la semana 23 del embarazo como un derecho constitucional, este podría quedar muy restringido en más de la mitad del país, ya que al menos
26 estados han aprobado con anterioridad legislación que les permitiría limitar inmediatamente la interrupción del embarazo, según ha contabilizado el
Instituto Guttmacher.
Las administraciones de la mayor parte de los estados del centro y el sur de Estados Unidos han avalado en las últimas décadas normas restrictivas sobre este asunto, mientras que en la costas este y oeste del país la tendencia ha sido la contraria en líneas generales, con un total de 16 estados que han elaborado textos permitiéndolo.
De esta manera, la actual legislación en materia de aborto quedaría en entredicho en hasta 22 Estados: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.
Nueve de ellos han aprobado leyes contra la interrupción voluntaria del embarazo antes del fallo de la sentencia Roe vs. Wade, y 13 con posterioridad a este caso. Además, hay 12 Estados que tienen prohibiciones al aborto no vigentes a partir de la semana seis u ocho de la gestación y cuatro que lo prohíben específicamente en sus constituciones.
El Instituto Guttmacher también considera probable que se adoptara esta medida en Florida, Indiana, Montana o Nebraska, puesto que han promulgado diferentes restricciones estatales al aborto en la última década. Hay otros territorios donde en el pasado se aprobó legislación en este sentido, pero donde resulta improbable que se promoviera en la actualidad.