El Gobierno actualiza, un mes después de los graves incendios, el protocolo para luchar contra el fuego

Más de un mes después de que comenzara uno de los incendios más devastadores del siglo, el de Sierra de la Culebra, el Gobierno se ha decidido a aprobar un real decreto para «actualizar» la legislación básica en materia de incendios forestales y mejorar la capacidad de respuesta. Una medida que los diferentes colectivos implicados en las tareas de extinción llevaban pidiendo desde hace tiempo.

En lo que va de año se han calcinado ya más de 220.000 hectáreas en nuestro país, según datos del EFFIS basados en imágenes por satélite. Se trata de la peor ola de incendios desde que este organismo europeo comenzó sus registros en 2006 y la más desoladora desde 1994, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Hace unas semanas, los expertos advertían en El Debate que la situación actual había variado por el aumento de las temperaturas consecuencia de la ola de calor, lo que «había cogido desactualizados algunos protocolos».

Por eso sorprende la tardanza en el anuncio del Gobierno sobre este asunto, que llega más de un mes después de que comenzara uno de los incendios más devastadores como fue el de Sierra de la Culebra y la mayoría de fuegos ya estén extinguidos.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en rueda posterior al Consejo de Ministros, todos los territorios deberán contar con planes de incendio «para todos los meses» del año, porque ya no basta para las épocas de alto riesgo ni en las zonas especialmente «vulnerables».

De acuerdo con las disposiciones aprobadas en esta materia el pasado jueves en la última Conferencia Sectorial, se ha acordado actualizar y reforzar el contenido básico de los planes contra incendios y el contenido las medidas operativas.

El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, trabajará en una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información que ya existe y que facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.

Así, las medidas incluyen la disposición de que cada vez que se ponga una alerta de riesgo meteorológico muy alto o extremo por incendios se deberán aplicar las limitaciones de las actividades de mayor riesgo y prever las medidas que puedan limitar el riesgo de forma más alta posible. Para ello se establecerá un «catálogo mínimo» de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar en esos casos en los que la AEMET emita la alerta roja.