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15 de junio de 2024

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene MonteroEP

Igualdad

La hoja de ruta del 'lobby' trans para imponer la ley por la vía de urgencia

El ministerio de Irene Montero ha utilizado una treta para acortar los plazos de una legislación que apenas cuenta con apoyos

Igualdad utilizó el procedimiento de urgencia para tramitar el proyecto de ley trans y la reforma de la ley del aborto bajo la excusa de la «proliferación de los discursos de odio». Pero lo que parecía una treta para acortar plazos es el modus operandi de los lobbies trans para imponer esta legislación utilizando todos los recovecos legales disponibles.

La ley permitirá el cambio de sexo de menores de 16 y 17 años sin autorización de los padres y elimina la disforia de género, concepto clave para entender un fenómeno que afecta a personas que se plantean procesos de transición.

Uno de los sectores más críticos con este texto ha sido el feminista, que entiende que «traiciona a las mujeres» al permitir el cambio de sexo administrativo sin tratamientos ni informes médicos. Precisamente, y a raíz de la tramitación por la vía de urgencia, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha denunciado que este procedimiento «solo busca eludir el debate público» y «ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas de esa Ley en la salud de la infancia y en los derechos de las mujeres».

Luego está el asunto de a cuántas personas afectará esta ley. Si con la reforma del aborto el Gobierno se agarra a estadísticas y datos de todo tipo, en lo referente a la población trans no hay información oficial. E Igualdad tampoco parece interesada en saberlo.

Un estudio publicado en la revista Endocrinology and metabolism clinics of North America estimaba que la población trans y no binaria en el mundo oscilaría entre el 0,1 % y el 2 % entre adultos, pero también reconocía no manejar «cifras fiables».

¿Cómo es posible que Igualdad arriesgue tanto por una ley que afectará a un universo poblacional tan pequeño y cuente con el rechazo, no ya de la oposición, sino de grupos tradicionalmente favorables a sus políticas? La respuesta la tiene el lobby trans.

Una hoja de ruta

Estos grupos han invertido mucho dinero para promover legislación a favor del colectivo trans en el mundo. Un ejemplo es el informe ¿Solo adultos? Buenas prácticas en el reconocimiento legal de género para la juventud, realizado por la Organización Internacional de Jóvenes LGBTQI Iglyio, junto con la reputada firma de abogados Dentons y la Fundación Thomson Reuters.

Pero no se trata del típico documento lleno de tópicos manidos a los que suele hacer referencia Igualdad. Es una hoja de ruta argumentada y formal en la que se detallan los pasos a seguir para la aprobación de las leyes trans en los diferentes países. Desde el análisis de la legislación al respecto en varios países a consejos

El documento aboga por abolir los tratamientos médicos obligatorios para este tipo de intervenciones, así como eliminar el requisito de edad mínima. Respecto al marco legal, se recomienda extender el proceso a los menores, ya que «se reconoce que el requisito del consentimiento de los padres puede ser restrictivo o problemático».

Pero donde hace hincapié es en el trato de las ONG con los grupos políticos, el cabildeo común. Así, aconseja dirigirse a los políticos más jóvenes: «Los políticos jóvenes son los veteranos del futuro y cualquier cambio por el que estén a favor serán inevitablemente las políticas del futuro y es más probable estar en 'el lado correcto de la historia'».

También sugieren desmedicalizar la campaña, el uso de estudios de casos reales, anonimizar las narrativas, adelantarse a la agenda del Gobierno y la historia de los medios, usar los derechos humanos como punto de campaña, o vincular ésta a reformas más populares, «como la legislación sobre matrimonio igualitario».

Evitar excesiva cobertura

Llama la atención que los autores del documento recomienden además evitar la excesiva cobertura mediática y la exposición, ya que «la información sobre las reformas legales ha sido malinterpretada en los principales medios de comunicación y, como resultado, ha surgido oposición».

Según el texto, esta oposición se ha traducido en agresiones o abusos y un aumento de los delitos de odio. «En este contexto, muchos creen que las campañas públicas han sido perjudiciales para el progreso, ya que el público en general no está bien informado sobre los temas trans y, por lo tanto, pueden surgir interpretaciones erróneas».

En sus conclusiones, los autores del estudio destacan que, «en término de progreso para menores», no parecen haberse dado grandes avances. «No hay duda de que en el futuro los activistas buscarán presionar a los políticos para que abran el acceso a los menores».

Los puntos más polémicos

  • Menores de edad. La ley trans permite a los menores de 16 y 17 años el cambio de sexo sin consentimiento paterno; a los 14 y 15 cuando sean «asistidos» por un «defensor judicial», en caso de haber desacuerdo, y el cambio de nombre por debajo de 14 años.
  • Cambio de sexo. La Administración recogerá el cambio registral de sexo y no de género. Además elimina el requisito de acredite la «disforia de género» y la necesidad de tratamiento hormonal.
  • Violencia de género. El texto especifica que un hombre denunciado por maltrato no podrá cambiar de sexo para evitar el agravante por cuestión de género.
  • Gestación. La ley garantiza «el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos» para aquellas personas trans «con capacidad de gestar».
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