La ministra de Justicia, Pilar Llop.
Sociedad
Justicia e Igualdad dan el visto bueno a una ley de trata de mínimos tras semanas de conflictos
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para los clientes y proxenetas
Con semanas de retraso y no pocas disensiones, el Consejo de Ministros por fin ha dado luz verde a la ley de trata, un texto que prevé penas de cárcel contra clientes de prostitución y proxenetas. Ha sido tal el conflicto que Justicia e Igualdad llegaron a tener dos borradores distintos del anteproyecto y que finalmente se aprobará sin una de las líneas rojas que impuso Podemos: la regularización documental de las víctimas.
El objetivo de Montero era centrar el anteproyecto en la trata de mujeres y niñas, mientras que Justicia veía necesaria una ley integral para todo tipo de trata, no solo con fines sexuales, para lo que encargó el texto a la Comisión General de Codificación.
Pero las principales tensiones se han producido por la regularización documental. Igualdad pretendía que las víctimas de explotación sexual sin permiso de residencia vieran regularizada su situación sin necesidad de colaboración con la Policía, algo que Justicia no veía claro.
En su lugar, la ley establece que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares serán las encargadas de dictar las resoluciones para la identificación de las víctimas de trata para el acceso a derechos y servicios.
Esta ley también contempla penas de cárcel de hasta cuatro años para aquellos que paguen por tener sexo con una persona obligada a prostituirse, a no ser que sea ocasional y denuncien la situación a las autoridades. Esa misma pena se aplica para los que hagan negocio con la trata. También establece penas de hasta 12 años por delitos de esclavitud y de 8 años por trata y explotación.
El anteproyecto contó con la participación de Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión con aportaciones de Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo.
La ministra de Justicia aseguró que la ley saldría a la luz antes de acabar la legislatura, pero dado el retraso en su aprobación por el Consejo de Ministros, es más que probable que el Gobierno pida su tramitación por procedimiento de urgencia.
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