Un cazador, acompañado de su perro
La ley animalista, entre el odio a la caza y el órdago por los derechos de todos los perros
Interior desmiente la cifra de «50.000 perros de caza ahorcados cada año» agitada por Podemos y las asociaciones animalistas para acusar al PSOE de situarse «del lado de los maltratadores»
La ley de bienestar animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra afrontará este jueves su primera votación en sede parlamentaria con los perros de caza finalmente excluidos de la misma, pero con el principal detractor de la nueva regulación, Unidas Podemos, en modo combativo precisamente a cuenta de los auxiliares cinegéticos.
En los últimos meses, y muy especialmente desde que el pasado 22 de diciembre el PSOE se impusiera en la negociación y consiguiera dejar fuera de la norma a este tipo de animales, tal y como reclamaba el sector rural, la formación de Belarra ha cargado con dureza y sin tregua contra su socio de coalición al acusarles de «proteger a los maltratadores» y permitir que se siga pudiendo «colgarlos de un árbol, meterlos en una bolsa y tirarlos al río o enterrar a los cachorros en cal viva», en palabras de su secretario de Programa, Pablo Echenique.
La tensión entre ambos partidos se encuentra en su punto álgido, con múltiples frentes abiertos a cuenta de la ley del 'solo sí es sí' y, en menor medida, la ley trans. Con la vista puesta desde hace meses en las citas electorales de mayo y diciembre, la confrontación es máxima y los esfuerzos de Podemos por diferenciarse de los socialistas también. Y en medio de este contexto, los de Belarra ha llegado a amenazar con dejar caer su propia ley al no incorporar y «proteger» (o no hacerlo de la manera que ellos pretendían) la figura de los perros de caza tras la enmienda presentada por el PSOE y apoyada por el PP. De cumplirlo, la ley de bienestar animal se convertiría en la primera regulación del Ejecutivo en no salir adelante.
¿50.000 perros ahorcados?
Como parte de su estrategia de desgaste, tanto Podemos como las entidades animalistas han repetido insistentemente una cifra, la de 50.000 perros ahorcados al año a manos de los cazadores, que acaba de contrastar sin embargo con los datos registrados y revelados por el propio Ministerio del Interior a petición, de hecho, de un diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde.
Lejos de las decenas de miles de animales sacrificados que denuncian estas organizaciones, los números que obran en poder del departamento de Fernando Grande-Marlaska desmienten la sombra de duda proyectada por Podemos.
Los datos, que contabilizan las tipologías penales de maltrato y abandono de animales domésticos (artículo 337 del Código Penal), no establece una distinción entre perros de caza u otras actividades. Pero son claros y echan por tierra las afirmaciones agitadas por los animalistas: 56 infracciones penales por maltrato y abandono de animales domésticos en 2021, 41 en 2020, 65 en 2019, 79 en 2018 y 24 entre enero y julio del año pasado, el último período del que se tiene registro.
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