Mujeres sujetan pancartas a favor del aborto en una manifestación en Estados Unidos
Florida continúa con sus políticas provida y quiere privar de fondos a las clínicas abortivas
A los esfuerzos del Gobierno estatal se suma ahora la fiscal general para que se implemente la ley que suprime estos ingresos públicos
Algunos territorios de los Estados Unidos están intentando poner freno a las prácticas abortivas, que estaban, en algunos casos, muy liberalizadas. Desde que en 2022 la Corte Suprema del país acabara con un fallo que garantizaba constitucionalmente el «derecho» al aborto –el famoso caso Roe contra Wade–, son muchos los territorios que implementan prácticas provida.
En Florida, controlada por el Partido Republicano, ya se redujo el límite para abortar de 24 a 15 semanas, además de establecer una serie de requisitos para hacerlo y unas duras sanciones para aquellos médicos y clínicas que se salten las normas.
Pero ahora ha sido la fiscal general, Ashley Moody, la que ha solicitado a la Justicia que se vuelva a aplicar una ley que prohíbe destinar fondos estatales a instituciones que practican abortos. De esta manera, Moody solicitó que se anule la orden de un tribunal de Tallahassee en la que se bloqueaba la aplicación de una ley que pretendía cortar el flujo económico a este tipo de centros.
La fiscal aludió directamente al caso de Roe contra Wade para argumentar que el bloqueo de esa ley no tiene ningún sentido. «Estamos solicitando a la corte que anule la orden judicial y permita que la voluntad del cuerpo legislativo de nuestro estado y las personas que los eligieron entren en vigencia», dijo Moody en un comunicado.
Aumento de los abortos
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los casos de abortos no paran de aumentar en el estado sureño. En 2022 se practicaron 82.199 intervenciones de este tipo frente a las 79.800 del año anterior, una cifra que, según apuntan, podría ser consecuencia de un «efecto llamada» de mujeres que quieren abortar procedentes de otros estados y otros países.
En concreto, las políticas más restrictivas de Texas, Misisipi, Georgia, Luisiana o Alabama provocan esta huida a Florida donde, a pesar de que se ha endurecido, continúa siendo más laxa que en muchos de estos estados vecinos.
En Florida hay 55 clínicas abortivas autorizadas que reciben dinero público. Al no haber sanidad pública, las mujeres que quieren someterse a estas prácticas deben acudir a uno de esos centros especializados.
En España, los servicios de salud de las diferentes autonomías son los que realizan estos abortos. Sin embargo, desde el Estado se financian también de forma indirecta las clínicas abortivas. Y es que, como informó El Debate, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió contratos y créditos a varias clínicas abortistas propiedad de Guillermo Sánchez de Andrés, dueño de Dator, el principal centro del aborto en España.
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