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21 de febrero de 2024

La educación en la encrucijada
La educación en la encrucijadaIsmael Sanz

¿Merece la pena ir a la Universidad en España?

En todos los grupos de nivel de salarios hay una mayoría que opina que la inversión está justificada. Pero entre los que tienen un salario inferior a 1.000 euros, la diferencia es la más estrecha

Actualizada 04:30

Un 57 % de los españoles considera que los recursos invertidos en educación universitaria se justifican con los beneficios posteriores, según la encuesta de GAD3 para la Fundación CYD. Por el contrario, un 38% de la sociedad española piensa que la inversión inicial está poco justificada en comparación con el rendimiento posterior. En concreto, el 38 % de la población considera que está poco o nada de acuerdo en que «en España los recursos económicos y de tiempo que un estudiante invierte en su etapa universitaria se justifican por los beneficios obtenidos».
Gráfico 1. Valoración de la adecuación de los recursos invertidos en la universidad

Gráfico 1. Valoración de la adecuación de los recursos invertidos en la universidad

En la pregunta del Barómetro CYD acerca de la valoración de la sociedad sobre la calidad del sistema universitario no sólo se valora la contribución o la aportación de la universidad española, sino que se menciona si esos beneficios justifican la inversión de recursos económicos a nivel agregado de España o de tiempo individual dedicado por los estudiantes. Por grupos de edad, la opinión es favorable para todas las franjas. La diferencia entre el porcentaje de personas que están de acuerdo en que los beneficios de la universidad justifican la inversión es algo más reducido en el caso del grupo de edad de 45-64 años: 54 % están muy o bastante de acuerdo frente al 42 % que está poco o nada de acuerdo. Una hipótesis podría ser que este grupo de edad está en esa etapa obteniendo los ingresos más elevados de su ciclo vital. Dada la progresividad del IRPF, la población en ese grupo de edad está contribuyendo en mayor proporción a la financiación de las administraciones públicas, incluida las universidades. En suma, el hecho de que este grupo de edad sea contribuyente neto del Estado de Bienestar, puede explicar que la mayoría que opina que la inversión de las universidades está justificada sea más estrecha que para los más jóvenes o para los mayores de 65 años que son generalmente receptores netos. El grupo de jóvenes de entre 18 a 29 años puede pensar que la inversión que requiere la universidad está justificada y que incluso se necesitaría de más financiación pública para los centros de enseñanza superior, de modo que se pudieran paliar los defectos de las Universidades españolas observados en este barómetro por los jóvenes en otros aspectos como la poca contribución a la formación a lo largo de la vida, a la recualificación de los desempleados o a retos como el cambio climático. En su artículo en Oxford Review of Economic Policy, Veugelers demuestra que la percepción de la sociedad sobre el impacto de las universidades se centra en las patentes y la creación de empresas, probablemente porque son más fáciles de medir aunque no reflejan la aportación real de la educación superior ya que su producción está concentrada en unos «pocos países, pocas instituciones, pocas áreas tecnológicas y en pocas patentes académicas de alto valor». Sin embargo, se subestima otras contribuciones más sutiles de las universidades como la creación de capital humano.
No existen diferencias significativas en la percepción de la relación entre beneficios y costes de la universidad por niveles educativos de la población. Se podría esperar que la población con estudios de primaria y secundaria no tuviera una opinión tan positiva sobre la justificación de la inversión en las instituciones de educación superior por cuanto que no son receptores directos de los beneficios que aporta titularse en la universidad. La suma de los universitarios que están muy y bastante de acuerdo con que en España los recursos económicos y de tiempo que un estudiante invierte en su etapa universitaria se justifican por los beneficios obtenidos es del 59 %. Este porcentaje es sólo levemente superior al 56 % y 55 % de las personas con estudios de primaria o secundaria que también creen que son más los beneficios que los costes. Sí que hay diferencias significativas, lógicamente, entre en el porcentaje de «no respuesta» que alcanza el 10 % entre los que tienen estudios hasta primaria; el 6 % de los que han llegado a secundaria y el 2 % de universitarios.
En todos los grupos de nivel de salarios hay una mayoría que opina que la inversión está justificada. Pero entre los que tienen un salario inferior a 1.000 euros, la diferencia es la más estrecha: 47 % está muy o bastante de acuerdo con que los recursos destinados a la universidad son compensados después frente al 42 % que está nada o poco de acuerdo. La balanza hacia las opiniones más optimistas crece a medida que vamos analizando los grupos de mayores salarios hasta alcanzar el máximo entre los que tienen salarios superiores a los 3.000 euros, donde se registra un 64 % de personas que están muy o bastante de acuerdo con que los beneficios de la universidad son mayores que los costes, frente al 35 % que está poco o nada de acuerdo. Los resultados de la opinión sobre la justificación de los recursos que requiere las instituciones de educación superior están influidos por la experiencia laboral individual. Las personas para las que el paso por la universidad ha podido influir decisivamente en sus ingresos, tienen una opinión más positiva sobre la relación entre esfuerzo requerido y beneficios. Por el contrario, aquellas personas que puedan estar sobrecualificadas o que hayan realizado estudios universitarios de no muy elevada inserción laboral tienen una percepción menos optimista.
  • Ismael Sanz, es profesor de Economía de URJC y Visiting Senior Fellow de London School of Economics

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