Este jueves se ha dado un primer paso en el Parlamento Europeo para defender la familia y la dignidad de la mujer.
Se ha aprobado el texto de la directiva para prevenir y comabatir la trata y explotación sexual femenina en la que se incluye la prohibición de la gestación subrogada a nivel europeo.
«Ha sido muy complicado llegar hasta este punto», ha admitido la eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa. Los grupos ECR e ID han votado a favor de considerar la subrogación como explotación sexual junto a algunos de EPP y S&D (socialistas).
«Sin duda es un primer triunfo», ha continuado Margarita, «pero no podemos cantar victoria porque hay espacio para la interpretación». A la inclusión de este concepto se han resistido los verdes y Renew (liberales).
El texto no sufrirá más modificaciones por haber recibido un gran apoyo. Pasa, así, directamente a triálogo. El apartado de la prohibición de la subrogada ha recibido 58 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones.
Este ha sido el texto aprobado, el artículo 2.3:
La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la explotación de actividades delictivas, la sustracción de órganos, el matrimonio forzado, la adopción ilegal, la maternidad subrogada con fines de explotación reproductiva, la explotación de niños en instituciones residenciales y de tipo cerrado, el reclutamiento de niños para cometer o participar en actividades delictivas.
Marina Casini, presidenta de la Federación One of Us, celebra esta decisión «que significa que los más débiles estarán más protegidos en el territorio europeo y los no nacidos están más cerca de ser considerados como uno de los nuestros por las instituciones de la UE».
Este primer paso se ha dado en un período en el que se estaba debatiendo la filiación forzosa de los hijos de vientres de alquiler a nivel europeo.
La propuesta fue duramente criticada porque significaría, de facto, la imposición de un nuevo derecho de familia desde Bruselas, competencia que excede sus capacidades.
En caso de aprobarse finalmente este documento, habrá que ver cómo casa con la situación que se ha creado en torno al limbo ahora existente.
