Un doctor con un paciente
La subida del IVA a la sanidad privada podría afectar al precio de las pólizas y colapsar la pública
Yolanda Díaz solicitó a Pedro Sánchez el incremento de impuestos a este sector en su discurso del miércoles en sede parlamentaria
El pasado miércoles, coincidiendo con la primera jornada de la investidura de Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, en calidad de portavoz de Sumar, aprovechó su paso por la tribuna de oradores del Congreso para amenazar a la educación y la sanidad privada con retirarles la exención del IVA con la que cuentan estos sectores. «Nosotros no compartimos este tipo de tributación», expresó Díaz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta idea ya rondó en la cabeza del Ejecutivo en 2020 y finalmente se desechó y no se incluyó en los presupuestos de aquel año. Ahora, tres años después, la extrema izquierda, de la mano de la vicepresidenta segunda del Gobierno, la recupera para atentar contra todo lo que huela a privado, sin parar a pensar que una posible subida de las pólizas podría generar una migración masiva a la sanidad pública y provocar un colapso de la misma.
En 2020 fueron muchas las organizaciones e instituciones que se pronunciaron en contra de esta medida. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se estimó que el incremento neto de la recaudación ascendería a 1.763 millones de euros, pero la posible traslación de pacientes a la pública supondría un incremento del gasto de 2.145 millones para el Estado. Por tanto, según este organismo, se estaría hablando de un déficit de 382 millones para las arcas públicas.
Pero la AIReF no fue la única en pronunciarse. Ni sindicatos ni patronal estaban de acuerdo con la medida: el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que las subidas del IVA «no son aconsejables, y menos en estos dos sectores». La CEOE, por su parte, consideró que la retirada de la exención a educación y sanidad privada «llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo».
Y es que la sanidad privada es un pilar importante en la economía española. Da cobertura a 8,7 millones de pacientes, cuenta con 458 hospitales –casi la mitad del total–, aporta 51.000 camas y emplea a 266.000 profesionales, algo que supone un 3,3 % del PIB del país.
Desde la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA) afirman que esta hipotética subida del IVA no repercutiría directamente en las aseguradoras, sino en los hospitales que prestan el servicio sanitario. Sería posteriormente cada entidad la que decidiría si incrementar o no las pólizas de sus clientes para poder paliar así esta subida de impuestos.
En caso de que el incremento se produjese directamente en las pólizas de los clientes, el aumento por familia al año sería de unos 250 euros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio por hogar para sanidad es de unos 1.200 euros, una cantidad que, de aplicar el 21 % de IVA, ascendería a 1.450.
Según la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, una gran mayoría de actividades relacionadas con el ámbito privado de la educación o la sanidad están exentas de declarar este impuesto.
La posible subida del IVA no estaría en consonancia con la legislación de la Unión Europea, y es que según la Directiva 112 de 2006, en el artículo 132 estaría protegida la exención de impuestos. «Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público».
La posible subida del IVA no estaría en consonancia con la legislación de la Unión Europea, y es que según la Directiva 112 de 2006, en el artículo 132 estaría protegida la exención de impuestos. «Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público».
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