Denuncian ante el Defensor del Pueblo la suspensión de citas médicas a los funcionarios de Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes una denuncia ante el Defensor del Pueblo alertando sobre la suspensión y retraso de citas médicas en las clínicas que prestan servicio a Muface. Esta situación surge tras quedar desierta la primera licitación del concierto sanitario debido a que las aseguradoras no se presentaron a la renovación, al considerar insuficiente el incremento en las primas propuesto por el Gobierno.

Según CSIF, encabezado por Miguel Borra, tanto el Gobierno como las aseguradoras «están poniendo en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias». Para visibilizar esta problemática, el sindicato ha remitido al Defensor del Pueblo una carta firmada por Borra, en la que exige una solución inmediata.

Desde el sindicato se dan a conocer casos preocupantes, como el de una persona cuyo bebé es beneficiario de Muface y le han aplazado varios meses una consulta con una neuróloga pediátrica u otro mutualista que lleva desde mediados de octubre pidiendo autorización para recibir un tratamiento de terapia focal y la compañía no le ofrece ninguna contestación.

Asimismo, CSIF constata que muchas clínicas están pidiendo a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren obtener cita para más allá del 31 de enero, momento en el que finaliza el concierto sanitario.

«El Gobierno debe corregir esta situación»

El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha expresado que el sindicato no tolerará recortes en los derechos sanitarios de los funcionarios ni que estos deban costear de su bolsillo servicios básicos como la atención médica. «El Gobierno debe corregir esta situación», declaró Lama.

El sindicato denuncia que se están registrando «retrasos en intervenciones quirúrgicas graves y solicitudes a los funcionarios para que sufraguen sus tratamientos si desean ser atendidos». CSIF califica la situación como «de máxima gravedad» y reclama una solución inmediata antes de que el convenio vigente expire el 31 de diciembre de este año.

Lama también ha responsabilizado a las aseguradoras de esta coyuntura y ha facilitado a los mutualistas afectados un modelo de reclamación para denunciar públicamente la situación.

Posible prórroga del concierto

Aunque la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el concierto sanitario por interés general, Lama criticó que este debería haberse licitado con al menos tres meses de antelación. Según el representante sindical, la solución pasa por una nueva licitación que garantice la atención sanitaria a los mutualistas a partir del 1 de enero de 2025.

CSIF, además, solicitó una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López, desde que la licitación quedó desierta, pero esta no se ha llevado a cabo. Lama acusó al ministerio de proporcionar información de forma insuficiente y fragmentada.

El sindicato continuará sus protestas esta semana. El miércoles 11 de diciembre presentarán en el Congreso de los Diputados cientos de quejas de mutualistas, y el sábado 14 han convocado una concentración frente a la Dirección General de Muface, donde esperan la asistencia de miles de funcionarios de toda España.

El problema se originó cuando las tres aseguradoras que gestionaban el servicio de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no concurrieron a la licitación para 2025-2026. El Gobierno propuso un aumento en las primas del 17,12 %, muy por debajo del 40 % solicitado por las compañías.

Ante esta situación, el Gobierno abrió un plazo de consulta de diez días hábiles para que las aseguradoras indicaran el precio al que estarían dispuestas a prestar el servicio. Durante este proceso, DKV señaló que sería necesario un aumento del 40,6 % en las primas y propuso excluir del convenio actual las coberturas adicionales incorporadas en el sistema público.

Adeslas, por su parte, notificó a sus mutualistas que no participaría en el nuevo concierto y que prestará atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025. Por último, Asisa ha declinado comentar públicamente sus propuestas tras participar en la consulta.