El Tribunal de Cuentas denuncia que la vacunación de la covid fue «deficiente», poco «fiable» e «incoherente»

La gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia de la covid vuelve a estar en el punto de mira. Después de los numerosos escándalos que acumula esta etapa, ahora el Tribunal de Cuentas ha denunciado de forma detallada en un informe aprobado el 27 de marzo las fallas que el Ejecutivo central permitió durante la campaña de vacunación de la covid.

Según el Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública de los ejercicios de los años 2019, 2020 y 2021, al que ha accedido El Debate, durante el proceso de vacunación de la población española se produjeron «deficiencias de coordinación», «incoherencias», «deficiencias significativas en los sistemas» y falta de «funcionalidades fiables».

En primer lugar, el documento elaborado por el Tribunal de Cuentas evidencia que el Ministerio de Sanidad, regido en aquella época por el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, carecía al principio de la pandemia de un registro estatal de vacunación, por lo que los ciudadanos debían acreditar documentalmente su historial de vacunación en caso de ser atendidos en otro servicio de salud autonómico. Esto provocó que no se pudieran efectuar «análisis más detallados sobre los programas de vacunación (eficacia, acción en salud pública, planificación de suministros, entre otros)», señala el informe.

Por otro lado, denuncia que la información sobre vacunas no incluía ni las administradas en centros privados de todas las comunidades autónomas ni tampoco la profilaxis administrada por los Centros de Vacunación de Sanidad Exterior del propio Ministerio de Sanidad, lo que supuso «una deficiencia de coordinación». Esto produjo que la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la cartera que lideraba Illa, «solo podía producir una información con limitaciones y con desfase temporal», apunta el documento del Tribunal de Cuentas.

Respecto a la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 ejecutada por el Gobierno de Sánchez, aunque en ciertos aspectos es valorada «positivamente» por su «éxito en un periodo muy corto de tiempo y en unas circunstancias adversas», el informe también evidencia que la información sobre vacunas administradas en REGVACU y la proporcionada por la Secretaría de Estado de Sanidad (Dirección General de Salud Pública) «era incoherente entre sí, lo que revela que los responsables funcionales elaboraron la información partiendo de herramientas de trabajo propias, al margen de los desarrollos tecnológicos existentes».

5 millones de dosis

Así, según las tablas de REGVACU en marzo en 2022 se habían administrado 100 millones de vacunas, mientras que, en junio de 2022, la Dirección General de Salud Pública indicó que eran 95 millones de dosis administradas, lo que supone un desfase de 5 millones de vacunas.

Además, el documento desarrollado por el Tribunal de Cuentas explica que el sistema utilizado por el Gobierno de Sánchez para gestionar las vacunas, SISAEX-VAC, «adolece de deficiencias significativas, ya que su modelo de datos es muy complejo y está soportado por una tecnología que ha quedado superada, por lo que su gestión y adaptación a las novedades es costosa y compleja». De hecho, la integración de la actividad vacunal sobre el Covid-19, «se efectuó con retraso».

Asimismo, este sistema, que fue crucial para la campaña de vacunación durante la pandemia, «carece de funcionalidades fiables que permitan elaborar las estadísticas de actividad de los centros de vacunación», lo que implica que la Subdirección General de Sanidad Exterior elabora los informes de actividad «con herramientas ofimáticas comerciales, con mucho mayor carga de trabajo y riesgo de error», denuncian en el informe.