Sanidad plantea incluir la situación laboral en el historial como factor de salud mental

El Ministerio de Sanidad ha planteado la incorporación de las condiciones laborales en el historial clínico de los pacientes, dada su considerable influencia en la salud mental, y se ha comprometido, junto al Ministerio de Trabajo, a que los trastornos mentales derivados del ámbito laboral puedan ser reconocidos como enfermedades profesionales.

Esta iniciativa forma parte del documento titulado Trabajo y salud mental. Hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España, presentado este miércoles por la ministra de Sanidad, Mónica García; la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz; y la comisionada de Salud Mental, Belén González.

Según se detalla en el documento, en 2022 la precariedad laboral provocó 170.000 casos de depresión. En el año 2024 se registraron 643.000 bajas laborales motivadas por causas relacionadas con la salud mental, lo que representa un incremento del 72 % con respecto al año 2020. La mayoría de estas bajas afectan a mujeres de entre 36 y 50 años, muchas de las cuales asumen dobles jornadas sin una red de cuidados adecuada. Así lo ha expuesto la ministra García, quien lamentó que estas mujeres estén «muchas dobles jornadas, muchas en soledad» y sin apoyos suficientes.

La ministra ha subrayado que la saturación de las consultas de Atención Primaria y los servicios de salud mental responde frecuentemente a situaciones de ansiedad e insomnio originadas por contextos laborales nocivos: «por un mal jefe, por un turno infinito, porque no dan las horas del día, porque nos come la vida».

García ha defendido que «nuestro sistema sanitario es un radar de esos condicionantes laborales» y ha insistido en que «el informe propone algo tan básico» como que los facultativos indaguen en las circunstancias laborales durante la consulta, para integrarlas en la historia clínica del paciente. De esta forma, se evitaría prescribir únicamente ansiolíticos, y se podría optar por una «prescripción social», consistente en «recursos sociales, apoyo comunitario, quizás un sindicato».

Desde una perspectiva económica, los trastornos mentales suponen un coste equivalente al 1,5 % del Producto Interior Bruto. Yolanda Díaz ha denunciado que las sociedades actuales están «absolutamente agotadas», con vidas «permanentemente conectadas» y sometidas a una presión «insoportable».

El informe también denuncia que, a nivel normativo, la incapacidad laboral está vinculada a un listado de enfermedades profesionales que excluye cualquier trastorno mental. Esta laguna legal conlleva consecuencias como una menor compensación económica, la falta de reconocimiento de la causa laboral y la ausencia de responsabilidad por parte de las empresas. En palabras del propio documento: «los beneficios de la presión laboral son privatizados, mientras que los costes económicos, sociales y sanitarios son socializados».

Díaz ha defendido que, en una sociedad moderna, las personas no deberían enfermar ni morir por culpa de su trabajo y, si lo hacen, esto debe ser reconocido como una enfermedad profesional. También ha cuestionado cuántas veces un facultativo ha especificado en una baja médica que el origen del trastorno mental es profesional. «Yo no lo he visto nunca», ha asegurado.

Pese a que el reconocimiento de las enfermedades profesionales corresponde a otro ministerio, Díaz ha expresado su compromiso con Sanidad para que este tipo de patologías sean adecuadamente consideradas y avanzadas en los términos del documento presentado.

Una de las novedades que introduce esta hoja de ruta es la creación de herramientas clínicas y epidemiológicas para identificar, describir y notificar los problemas de salud mental relacionados con el entorno laboral, algo inexistente hasta ahora en el sistema sanitario español. Entre estas herramientas se encuentra la comunicación de sospechas desde las consultas, así como el diseño de algoritmos clínicos, definiciones estandarizadas y propuestas para mejorar el registro sanitario.

La comisionada Belén González ha enfatizado que «esta hoja de ruta no es un punto final, sino un punto de partida» y ha adelantado que, en los próximos meses, se desarrollarán contenidos formativos, propuestas legales y mecanismos de coordinación con los diferentes agentes sociales, laborales y políticos.