Un informe del año 2019 ya alertó de los problemas de las pulseras antimaltrato, que comenzaron con Zapatero

El 21 de noviembre del año 2023, la cartera de Igualdad pasó de las manos de Irene Montero a las de la actual ministra, la socialista Ana Redondo. Antes de que se efectuara el cambio en el organigrama del Gobierno, Montero licitó un contrato en el que traspasaba el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género a través de pulseras de Telefónica a Vodafone.

En este traspaso, tal y como ha revelado recientemente la Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado, provocó un fallo en el sistema informático que dejó un «vacío informativo» que ha supuesto «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían acceder a la información sobre sus movimientos.

Sin embargo, los problemas en las pulseras telemáticas no son algo novedoso. Un informe del año 2019 remitido a El Debate y elaborado por Jesús Muñoz, presidente de la asociación ANAVID, y Jose A. Pallero, ya alertó de las lacras de este sistema desde que se implantó en el año 2009 bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

«La primera gran sorpresa que subyace a este acuerdo es que tanto la implantación de los Dispositivos Electrónicos a los maltratadores, como el seguimiento, como la actuación en caso de Incidencias no lo iban a llevar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ni la Policía (ya fuera Nacional, Local o Autonómica) ni la Guardia Civil iban a llevar un control directo sobre la medida estrella del Gobierno socialista de Zapatero», advierte el documento.

En esta misma línea, el escrito afeaba que una cuestión de seguridad fuera gestionada por una empresa privada como Telefónica, que a su vez subcontrató a otra empresa, en este caso Securitas Direct.

Las mujeres están siendo protegidas por aparatos completamente obsoletos

Asimismo, el informe denuncia que a pesar de existir tecnología 4G en España desde el año 2013 «no se tradujo en una mejora y renovación inmediata de las Pulseras Telemáticas», ya que continuaban funcionando con tecnología 2G, y a partir de 2018, 3G.

«A día de hoy, marzo de 2019, cuando la Tecnología 4G está completamente implantada en nuestro país, e incluso en el último Mobile World Congress de Barcelona en febrero de 2019 se habla de implantar ya la Tecnología 5G, las mujeres Víctimas de la Violencia de Género están siendo protegidas por aparatos completamente obsoletos», lamentaban Muñoz y Pallero en el documento.

El escrito recoge que Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres en marzo del 2016, decía sobre las Pulseras Telemáticas: «Aunque son un suplemento de seguridad, nunca han sido muy apreciados. Los brazaletes han tenido problemas desde su implementación. Durante los primeros años había problemas tecnológicos, no geolocalizaban bien, producían muchas incidencias».

En la misma línea se expresaba en marzo del 2016 la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Doña Ángeles Carmona, que decía «se utiliza muy bien en las grandes ciudades, en las poblaciones pequeñas no se suele usar porque si el término municipal es pequeño saltan las alarmas». Y Doña Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia contra la Mujer en marzo del 2016, añadía: «los fiscales y los jueces no piden el dispositivo cuando la medida cautelar o pena es inferior a 500 metros».

«Las Pulseras Telemáticas son el ejemplo concreto, cuantificable, material y objetivo de que los Gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no se han preocupado de verdad en proteger a las mujeres en situaciones de riesgo dentro de la Violencia de Género», denuncia el informe. Asimismo, expresa que «una niña de 12 años que juegue con un smartphone, tiene en sus manos más tecnología (4G) que las 1000 mujeres que tienen este mecanismo de protección dados sus niveles de riesgo alto o extremo».