El Gobierno guarda en un cajón la ley contra la trata en medio de sus escándalos con la prostitución

En el año 2022, el Ministerio de Igualdad que lideraba Irene Montero anunció a bombo y platillo la creación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos, con el objetivo de proteger a las víctimas de explotación sexual y laboral. Actualmente, esta norma, después de ser aprobada en Consejo de Ministros, todavía no ha sido aprobada por el Gobierno en segunda vuelta para que pueda ser tramitado en el Congreso de los Diputados.

Además, esta paralización del anteproyecto de ley contra la trata coincide con la ebullición de los casos de corrupción ligados a la prostitución que asolan al PSOE. En primer lugar, se filtraron audios en los que el exministro Ábalos y su asesor Koldo García hacían comentarios sobre mujeres a las que iban a contratar para encuentros sexuales, con expresiones como «Carlota se enrolla que te cagas».

Además, la biografía de Pedro Sánchez está vinculada a locales como saunas o prostíbulos a través de su familia política. En concreto se señala la figura del suegro del presidente, quien poseía saunas estrechamente ligadas a la prostitución.

España continúa siendo uno de los principales países de destino y tránsito de mujeres víctimas de trata en Europa. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, en 2023 las fuerzas de seguridad rescataron 1.466 víctimas de redes de trata y explotación, de las cuales 294 lo fueron con fines de explotación sexual, incluidas tres menores.

Entre 2017 y 2021, el Ministerio de Justicia registró 873 víctimas de trata con fines de explotación sexual y más de 2.200 víctimas de explotación sexual sin acreditarse red de trata. Estas cifras colocan a España en una posición crítica dentro de la Unión Europea, según el informe GRETA del Consejo de Europa

Ante esta situación, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que reúne a una treintena de organizaciones sociales, ha denunciado la «preocupante falta de voluntad política» del Gobierno para aprobar la ley integral contra la trata, que acumula «retrasos y dilaciones».

Esta Red ha mostrado su preocupación e indignación por el hecho de que más de un año y medio después de la aprobación del anteproyecto de ley integral contra la trata en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo no lo haya aprobado en segunda vuelta para que pueda ser tramitado en el Congreso de los Diputados.

«De esta manera, se incrementa el riesgo de que la presente legislatura termine sin que la citada ley pueda ver la luz», han criticado las organizaciones que integral la RECTP.

La Red ha exigido al Gobierno que desbloquee cuanto antes este proceso legislativo y ha pedido al Congreso que lo tramite bajo el procedimiento de urgencia para evitar que España siga «incumpliendo con su compromiso con los derechos de la víctimas de trata y explotación».

En su comunicado, la RECTP ha insistido en que la futura ley integral contra la trata debe abordar todas las formas de trata y todos los tipos de explotación e incorporar las perspectivas de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género y situar a las víctimas en el centro de las políticas públicas.