COP11: la paradoja del control del tabaco y el papel incómodo de China

La COP11, la 11.ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC), se celebra del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Ginebra. El encuentro, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca avanzar en políticas globales para reducir el consumo de tabaco. Sin embargo, llega envuelto en una contradicción fundamental: mientras se intensifica la presión sobre productos de nicotina menos dañinos como el vapeo o el snus, uno de los actores con mayor poder de decisión es el país que controla la mayor industria tabacalera del planeta: China.

China asiste a la COP11 como Estado Parte del FCTC, con voz y voto en las negociaciones internacionales. Su peso político y económico le otorga capacidad para influir en la agenda, desde qué productos deben regularse hasta los plazos o la ambición de las medidas. Pero su participación está marcada por un conflicto estructural. El gobierno chino no solo regula el tabaco: también es propietario de la China National Tobacco Corporation (CNTC), responsable de más del 40 % del mercado mundial de cigarrillos y una de las principales fuentes de ingresos fiscales del Estado.

Este doble papel –regulador y beneficiario económico– dificulta la aplicación del propio tratado. China avanza lentamente en medidas clave como la subida de impuestos, la prohibición de publicidad o el uso de advertencias sanitarias contundentes. Y en el ámbito internacional, su postura suele ser conservadora, especialmente ante propuestas que amenacen los intereses de su industria estatal.

La situación se vuelve aún más compleja cuando se observa la relación de la OMS con los productos de reducción de daños. Aunque organismos como Public Health England o el Royal College of Physicians consideran que los vapeadores son entre un 70 % y un 95 % menos nocivos que los cigarrillos tradicionales, la OMS mantiene una posición de extrema cautela, cuando no abiertamente hostil. En paralelo, permite que el mayor productor mundial de tabaco participe en la elaboración de políticas globales.

A ello se suma otro problema: la limitada diversidad entre los observadores de la COP. Las organizaciones de consumidores o defensores de la reducción de daños no tienen acceso al proceso, mientras que un reducido grupo de ONG –mayoritariamente alineadas con la visión de la OMS– concentra la influencia.

De cara al futuro, expertos y organizaciones independientes reclaman reformas profundas: mayor transparencia, revisión de la postura sobre productos menos dañinos y medidas para limitar la participación de actores con claros conflictos de interés. Si la OMS quiere preservar su credibilidad, deberá enfrentarse a una paradoja incómoda: no puede combatir el tabaquismo global mientras ignora el papel central que juegan las industrias –también las estatales– en perpetuarlo.