La ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
La última medida de Mónica García contra el Gobierno de Ayuso va a perjudicar más a Cataluña que a Madrid
Cataluña, liderada por el socialista Salvador Illa, destina un 22 % del gasto autonómico en los conciertos sanitarios, según los últimos informes
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley 15/97 que permite la colaboración público-privada en la sanidad pública y se prevé aprobar una nueva norma a principios de 2026 que ponga «coto» al ánimo de lucro y que blinde y proteja frente a «fondos de inversión, al ánimo de lucro y la depredación» del sistema sanitario español.
«Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud. No prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro», ha comentado la ministra este domingo en una entrevista en El País.
El anuncio de la aprobación de esta nueva norma que pretende promulgar el Ejecutivo central llega después de que García haya criticado duramente el modelo de concierto sanitario y tras señalar directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«Vamos a abrir todos los frentes posibles. Vamos a ir a tanto como ministerio y como grupo político Más Madrid en la Comunidad de Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes, porque creemos que aquí hay un claro perjuicio en la salud de los pacientes», ha insistido, tras conocerse esta semana una información en la que se desvelan las órdenes del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables.
Sin embargo, y a pesar del empeño de la titular de Sanidad por poner constantemente en la diana al Ejecutivo regional de Díaz Ayuso, esta nueva medida va a perjudicar más a la Cataluña del socialista Salvador Illa, ya que su comunidad autónoma destina un 22 % del gasto autonómico en los conciertos sanitarios, según los últimos informes.
Con más de 10 puntos de diferencia se encuentra la Comunidad de Madrid, con un gasto del 11,7 %. En un segundo bloque se sitúan Canarias (7 %), Baleares (6,1 %), Navarra (6,5 %), País Vasco (6 %) y Asturias (6 %). En el extremo opuesto, Castilla y León (2,9 %), Cantabria (3,3 %), La Rioja (3,4 %), Aragón (3,6 %) y la Comunidad Valenciana (3,8 %) registran porcentajes más moderados.
'El País' filtró el audio a medias
El pasado 3 de diciembre, el diario El País publicó una serie de grabaciones internas de una reunión celebrada el 25 de septiembre en la que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a sus directivos a «desandar el camino» de la reducción de listas de espera lograda tras la pandemia, con el objetivo de recuperar margen económico.
En estos audios, Gallart pedía «imaginación» para identificar qué procesos eran «no contributivos» para los beneficios (EBITDA) de la compañía, es decir, para desechar actividades «poco rentables» como determinadas cirugías o tratamientos, e incluso rechazar pacientes «no cápita» que elegían ese hospital.
Sin embargo, según el audio completo de esta reunión, al que ha tenido acceso El Debate, el consejero delegado de Ribera Salud estaba dispuesto a continuar con el proyecto «aunque la rentabilidad sea cero». «Estamos dispuestos a continuar con el proyecto de Torrejón aunque la rentabilidad sea cero. Siempre tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la que tenga la pública. De lo que estamos hablando es sobre cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva», apunta Gallard en el audio completo.
