Varios organismos cargan contra el 'Gobierno más feminista de la historia': «No ha actuado con la firmeza necesaria»

Organizaciones feministas (Alianza contra el Borrado de las Mujeres y Federación Mujeres Jóvenes) han alertado de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025.

En este sentido, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia en declaraciones a Europa Press una «acumulación de déficits en la gestión pública», marcado por fallos en servicios esenciales «sin explicaciones inmediatas y suficientes», así como por «incumplimientos reiterados» de compromisos legislativos y un «control deficiente» del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.

También critica la «falta de transparencia» en la aplicación de determinadas normas, lo que para la organización «dificulta de manera objetiva su evaluación y limita la capacidad de las instituciones y de la sociedad civil para realizar una valoración fundada de sus efectos reales».

Asimismo, indica que los fallos registrados en el sistema de pulseras para maltratadores «evidencian graves deficiencias» en el contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Igualmente, señala que esta «debilidad contractual» no es «problema menor», ya que «se trata de un servicio crítico cuya interrupción o mal funcionamiento tiene consecuencias directas sobre la protección de las víctimas y sobre la confianza en el sistema institucional de respuesta frente a la violencia machista».

Una vez identificados los problemas derivados del contrato, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que «la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación», ya con la socialista Ana Redondo al mando.

Respecto a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres detalla que el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido información pública sobre en qué casos ha exigido la devolución de dinero usado incorrectamente ni qué criterios ha aplicado para fiscalizar su correcta utilización.

Para la organización, «esta falta de control efectivo y de rendición de cuentas consolida una pauta preocupante de permisividad institucional». Así, afea al departamento que dirige Ana Redondo que no haya actuado «con la firmeza necesaria» para garantizar que los recursos públicos destinados a combatir la violencia machista se empleen realmente con ese fin.

«La ausencia de sanciones claras y de informes públicos debilita el Pacto de Estado, erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido una de las principales herramientas consensuadas contra la violencia hacia las mujeres», insiste.

Además, advierten de la «pérdida de confianza» de las mujeres en los espacios políticos «como posibles herramientas para el cambio de las estructuras patriarcales de poder, puesto que quienes dicen defender la igualdad no son capaces de sostenerla en sus propias organizaciones».

Igualmente, critica la «incoherencia» entre el discurso público y las prácticas internas en cuestiones como el consumo de prostitución y la violencia sexual, señalando que esta «hipocresía» genera un efecto negativo sobre la participación femenina en la política.

De cara al próximo año, la Federación exige un refuerzo de los recursos contra las violencias machistas, blindar las políticas públicas frente a los cambios ideológicos y garantizar la aplicación íntegra de la legislación vigente.