Un mujer embarazada
El Gobierno de Puerto Rico presenta una medida que define el aborto como «un asesinato»
Se ha dado un paso histórico al reconocer al no nacido como una persona
El Gobierno de Puerto Rico, liderado por la gobernadora Jenniffer González, ha presentado una medida para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido, lo que los opositores denunciaron este martes que criminaliza el aborto.
El proyecto del Senado 923, presentado por la gobernadora y rubricado por la mayoría legislativa del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico que define 'asesinato', para redefinir 'ser humano' como el 'concebido en cualquier etapa de gestación'.
La nueva Ley Keishla Madlane, «en honor a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021», dispone que constituirá asesinato en primer grado «todo asesinato que se cometa contra una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno» y la provocación de la muerte del «nasciturus», aun cuando la mujer gestante no muera.
Las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado expresaron su «contundente» rechazo a la propuesta de la gobernadora y su intención de «ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos».
Por otro lado, Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, aseguró que el proyecto constituye «una criminalización absoluta del aborto en Puerto Rico».
A su juicio, «le corresponde al país reflexionar sobre algunos de esos escenarios y ponerse en los zapatos de quienes los viven: ¿qué ocurriría en casos de violencia sexual contra niñas y mujeres y su acceso a una terminación de embarazo?».
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como 'Roe contra Wade', que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos hasta ahora han fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
A finales del año pasado, la gobernadora firmó una ley que reconoce al no nacido como persona natural, lo que el PIP y ACLU también denunciaron que era un primer paso para ilegalizar el aborto.