El Gobierno dice que la sanidad no colapsará con los irregulares: «Habrá menos ingresos en Urgencias porque irán antes a la atención primaria»

El Ejecutivo quiere aprobar un decreto que da derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas sin residencia legal en España.

Si bien ya estaba previsto en una ley, con esta nueva norma se especifican los requisitos que los inmigrantes en situación irregular tienen que cumplir para acceder a la atención sanitaria: documentación; solicitud; declaración responsable.

El texto amplía también el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles de origen residentes en el exterior que no trabajan y que actualmente no están incluidos.

Uno de los debates más repetidos respecto al acceso universal a la sanidad pública es si se generará un colapso por el aumento de pacientes sobre un sistema que ya está saturado.

El preámbulo del texto, en aras de responder a esta polémica, señala que la «exclusión no supone un uso más eficiente de los recursos sanitarios al permitir únicamente el uso de los servicios ante situaciones de urgencia, impidiendo un mejor control y seguimiento de las enfermedades a través de la atención primaria que reduzca las complicaciones y los ingresos evitables. La financiación del sistema sanitario a través de impuestos implica que las personas migrantes que residen en nuestro país contribuyen también al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud».

Ética y justica

Agregan, además, que «desde un punto de vista ético y de justicia, la protección a la salud y la atención a las personas en una situación de vulnerabilidad por una enfermedad, independientemente de sus características personales o sociales, debería ser un principio que guíe las actuaciones de los poderes públicos para mejorar la salud de la población en su conjunto».

Impacto presupuestario de 3 millones

En relación con los costes para dar cumplimiento al real decreto, en materia de medios y servicios de las tecnologías de la información y comunicación, se estima una inversión mínima de 505.000 euros (5.000 para la incorporación de nuevos títulos de acceso al SNS y 500.000 para adaptaciones en la prestación ortoprotésica y el sistema de receta electrónica ortoprotésica). Así lo indica la memoria de impacto normativo del decreto recogida por el Consejo de Estado.

En resumen, el impacto presupuestario global del proyecto de real decreto asciende a 2.959.225 euros.

Respecto a las cargas administrativas, se estima que ascienden a 24.365.280 euros anuales, derivadas fundamentalmente de: la declaración responsable aplicable a 1.224.576 personas, con un coste anual de 6.122.880 euros; y de las solicitudes y documentación exigidas a los españoles de origen residentes en el exterior potencialmente afectados (165.840 personas), cuyo principal componente es la solicitud (13.267.200 euros), junto con la aportación de documentos acreditativos (DNI, certificado de nacimiento, empadronamiento, certificado de la Seguridad Social, parentesco y discapacidad), que suman el resto del coste (829.200 euros cada uno de estos conceptos).