Mónica García ​se apoya en un informe con datos erróneos para justificar sus ataques a la privada

Mónica García lo tiene claro: quiere acabar a toda costa con todas las políticas sanitarias llevadas a cabo por el PP. La última ha sido la aprobación del anteproyecto de ley sobre la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que pretende derogar la ley de 1997, sacada a la luz por el Gobierno de José María Aznar y que permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

La ministra siempre ha querido hundir a la privada. Así lo demuestra en el informe Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), donde se han encontrado errores de datos, se ha ignorado la relevancia sistémica de la colaboración privada en el sistema público y ha ocultado que los conciertos con la privada han caído sobre el total del gasto sanitario en la última década.

Tras analizar el informe, que salió a la luz el pasado mes de diciembre, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha expresado su profundo rechazo ante «una nueva visión sesgada y sectaria del actual Gobierno contra la colaboración público-privada en materia sanitaria». Y es que el informe, según han denunciado en un comunicado, es un documento confuso redactado con «la única misión de menospreciar el papel esencial de contribución del sector privado a la salud pública».

Haciendo referencia a varias citas del informe, como por ejemplo que el modelo Alzira presentaba «peores resultados en hospitalizaciones evitables, mortalidad por infarto de miocardio o ictus isquémico, o en la eficiencia tecnológica», ASPE ha aseverado que estas definiciones que ponen en duda «la legitimidad, eficiencia y la contribución de la privada» no solo son injustas, sino peligrosas, ya que promueven «una vez más» un debate ideológico que pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos.

Uno de los puntos que defiende en el ensayo de Sanidad es que cada vez hay «más centros privados vinculados al SNS». Para defender esto, aporta porcentajes de crecimiento desde datos que parten de la inexistencia en 2019 de hospitales privados vinculados al SNS, algo «completamente incorrecto» y, por tanto, crea «una realidad artificiosa» con la intención de mostrar a la sociedad su «tesis descalificatoria contra la aportación de la sanidad privada».

Las mentiras de Sanidad

Además de usos inexactos de datos, hay otros argumentos que desacreditan el informe. Por ejemplo, la colaboración de la sanidad privada a solicitud del sistema público. En este sentido, ASPE ha señalado que, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, la sanidad privada ha colaborado «de forma legal y respetuosa con el Sistema Nacional de Salud». También ha aclarado que la intervención siempre ha respondido a la demanda del sistema público, usando la colaboración público-privada solo para ampliar «la cobertura» en caso de desbordamiento.

Otro de los puntos tiene que ver con la efectividad a nivel económico. Según los datos ofrecidos por ASPE, los procedimientos concertados con la sanidad pública en centros privados resultan de media hasta «un 44 % más baratos que los realizados en centros públicos». Por ejemplo, una sustitución de cadera concertada en la privada es aproximadamente un 46 % más barata. Esto muestra que la colaboración privada no solo aporta capacidad asistencial, sino eficiencia económica real, permitiendo «al SNS ahorrar recursos públicos sin sacrificar atención ni calidad».

Un aspecto clave tiene que ver con la demora asistencial. El panorama de las listas de espera en España es desolador. Según los datos más recientes, en el primer semestre de 2025, había 832.728 pacientes esperando para operarse, con un tiempo medio de espera de 118,6 días, y más de cuatro millones de personas esperaban la primera consulta con el especialista. Con estos datos, y teniendo en cuenta que la población española cada vez está más envejecida, ASPE ha expresado que renunciar a la colaboración de la privada implicaría condenar a «una saturación desconocida del sistema público» y asumir «un riesgo inasumible para la salud pública».

Por último, ha querido recordar que todas las comunidades autónomas colaboran con la sanidad privada, incluidas Ceuta y Melilla –cuyas competencias sanitarias dependen directamente de Sanidad–. Llama la atención que, en los territorios donde el propio ministerio ejerce la competencia directa, se opte por «apoyarse en la sanidad privada para garantizar la atención, en lugar de acudir exclusivamente a la red pública, tal y como defiende en su discurso habitual», ha zanjado.