La batalla europea por el «turismo abortivo»: por qué participar importa

Las reacciones a la campaña 'My voice my choice' continúan sucediéndose. La federación europea One of Us, que agrupa a cerca de medio centenar de organizaciones de 18 países de la UE, ha lanzado la campaña «No Abortion Tourism» accesible en la página web www.noabortiontourism.eu , traducida a los 27 idiomas de los Estados miembros con acceso a los comisarios nacionales correspondientes y a la presidenta de la Comisión Europea, para que todos los ciudadanos europeos que lo deseen puedan dirigirse a ellos expresando su preocupación y pidiendo que no se avance en esta dirección.

La campaña finalizará el 25 de febrero, día en que la Comisión ha anunciado que publicará su decisión sobre las ayudas al aborto transfronterizo solicitadas por la iniciativa ciudadana 'My voice, my choice'. Las organizaciones abortistas reunidas bajo ese lema proponen la creación de un mecanismo europeo para sufragar gastos de traslado y procedimientos abortivos a mujeres embarazadas en países con legislaciones más permisivas cuando en sus países de origen existan restricciones.

La propuesta que la Comisión ha acogido afecta al núcleo del proyecto europeo en la forma y en el fondo: en la forma, por el principio de subsidiariedad. Según los Tratados, la UE solo debe actuar cuando los objetivos no puedan alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros. La regulación del aborto sigue siendo competencia nacional. En el fondo, porque esta propuesta es síntoma de una discusión mucho más profunda sobre la maternidad que no puede reducirse una pura opción técnica.

De entrada, es evidente que no se queda en una ayuda económica sin más. Permitir una financiación directa desde Bruselas supone una forma de armonización indirecta a medio plazo. No es una imposición legislativa formal, pero sí un mecanismo práctico que inevitablemente acabará «armonizando» las legislaciones nacionales sobre el aborto, forzando un acuerdo a la baja. En términos políticos, implica que los contribuyentes de países contrarios al aborto financien una práctica que sus parlamentos no autorizan o limitan. Este es un punto clave que la campaña de 'One of Us' quiere subrayar: la dimensión institucional y democrática de este mecanismo económico pro-aborto. ¿Por qué «se mete» la UE a intervenir económicamente en un ámbito donde no tiene competencia normativa plena? ¿Debe utilizar fondos comunes en una materia que divide profundamente a las sociedades europeas?

Dejar constancia social del rechazo a esta medida importa al menos por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque el silencio ciudadano en Bruselas suele interpretarse como consentimiento. La arquitectura europea, compleja y a menudo distante, tiende a avanzar cuando no encuentra resistencia organizada. Además, más allá de sus convicciones, los políticos que defienden la vida observan estos movimientos para evaluar si su exposición y desgaste político en este tema va a tener un recorrido electoral «que les compense». Hay que hacerse notar.

En segundo lugar, porque la presión cívica -a través de cartas, iniciativas y movilización pública- es uno de los pocos instrumentos directos que tienen los europeos para influir en la Comisión. Si no se usan los instrumentos, los limitarán cada vez más. Además, desde el punto de vista personal, no hay punto neutro, si no se muestra oposición de la forma que cada uno considere, hay complicidad.

Y, en tercer lugar, la participación es importante porque no es bueno que se siente un precedente tan perjudicial: si la UE puede financiar de facto una práctica controvertida pese a la diversidad legislativa interna, se abre la puerta a intervenciones similares en otros ámbitos éticos y jurídicos. Sería el inicio de una cuesta abajo sin frenos en un tema tan sensible como la maternidad y la vida humana en sus inicios.

Y luego está el debate de fondo, que no se limita al aborto. Interpela al modelo de integración europea, al equilibrio entre soberanía nacional y acción comunitaria, y al destino de los recursos comunes. Interpela a quienes pensamos que ser madre ocurre al concebir y ya no hay marcha atrás, con independencia de si el embarazo acaba en un hijo vivo o difunto. El turismo abortista no es una política compatible con las mujeres que son madres en situación de vulnerabilidad, porque no es una solución para ellas, sino que ahonda un trauma haciéndolo irreversible, cuando podría ser superado de muchas otras maneras.

Para quienes promueven la campaña, implicarse no es un gesto simbólico, sino una forma de participar activamente en la definición de los límites políticos y morales de la Unión. La implicación ciudadana es un instrumento legítimo de presión democrática: aunque no garantice un cambio normativo inmediato, sí puede influir en la agenda política y obligar a las instituciones a pronunciarse públicamente sobre la maternidad y el valor de la protección de la vida humana desde la concepción.