Sede de Muface, en Madrid
Los funcionarios de Muface que eligen sanidad pública se disparan un 160 % desde 2010
Los mutualistas que escogen el Sistema Nacional de Salud (SNS) han pasado de 167.953 en 2010 a 436.593 en 2025, acelerándose este cambio durante y tras la crisis abierta sobre su continuidad
A punto de cumplirse un año del fin de la crisis de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), muchos continúan cuestionando la continuidad del sistema y prevén un nuevo terremoto en el momento en el que haya que volver a negociar la asistencia sanitaria para los funcionarios, que será en 2027.
El ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, consiguió mantener el modelo a golpe de talonario, aumentando la prima un 41,2 % en los próximos tres años. Sin embargo, se prevé que las aseguradoras continúen con sus exigencias a la hora de negociar el próximo concierto, lo que puede tensar la cuerda y abrir el melón del posible desmantelamiento de este sistema que, entre otras cosas, presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios.
Es precisamente esta inestabilidad lo que ha provocado que los servidores públicos hayan comenzado a optar por la sanidad pública en vez de apostar por la privada. Según se recoge en los Datos Abiertos de la mutualidad, los funcionarios que eligen la pública han pasado de 167.953 en 2010 a 436.593 en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 160 %.
Evolución de mutualistas y de su preferencia por la sanidad pública o privada
En 2010, quienes escogían el Sistema Nacional de Salud (SNS) representaban el 17,3 % de los mutualistas (167.953 de 967.889). En 2025, alcanza el 37,3 % del total (436.593 de 1.169.111), es decir, ha ganado unos 20 puntos porcentuales de cuota dentro del sistema. Acotándolo más, solo entre 2021 y 2025 aumentaron en 169.062 personas quienes escogían la pública, lo que supone un crecimiento del 63 % en solo cuatro años.
Solo en el último año, momento en el que ha tenido lugar esa sonada crisis, los mutualistas que acudían a la pública han pasado de 329.507 en 2023 a 436.593 al cierre de 2025.
Mientras tanto, los que eligen sanidad privada han evolucionado de 799.936 en 2010 a 732.518 en 2025, es decir, 67.418 menos, una caída de aproximadamente el 8,4 %. A pesar de que esta bajada no parece suponer un descalabro, los increíbles datos de aumento en la pública sugieren que gran parte de las nuevas incorporaciones a la mutualidad se hacen adhiriéndose a la sanidad pública y no a aquella que prestan Adeslas y Asisa.
Hay que destacar que el total de titulares de Muface se ha incrementado desde 2010 debido a la oferta pública que se ha llevado a cabo por parte del Estado y de las autonomías. El total ha pasado de 967.889 en 2010 a 1.169.111 en 2025, pero este crecimiento se concentra casi exclusivamente en la sanidad pública, mientras que la privada pierde titulares.
La AIReF apuesta por su disolución
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hace justo un año un análisis sobre la eficacia y eficiencia del mutualismo administrativo que supuso un nuevo varapalo para el modelo al proponer incorporar a los nuevos mutualistas (tanto de Muface como de Mugeju e Isfas) al Sistema Nacional de Salud (SNS), además de permitir la adscripción voluntaria. El organismo detecta margen de mejora en la eficacia, eficiencia y equidad del sistema y propone dos reformas estructurales para implementar esas dos propuestas.
A corto plazo, proponen mejorar la coordinación con el SNS, impulsar la historia clínica digital y la receta electrónica, promover el uso de genéricos y analizar ese mayor uso de los servicios de médicos especialistas. A medio plazo, creen que sería necesario acabar con esa obligatoriedad de pertenecer a una mutualidad y esa progresiva incorporación de los nuevos funcionarios al SNS, ya que las recientes incorporaciones ya escogen mayoritariamente este modelo público.
«No estamos proponiendo que haya una incorporación inmediata, esto tendría que ir precedido de un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud», aclaraba entonces Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. No obstante, sí que matizan que esta migración no sería antes de dos o tres años, es decir, que se pueda estudiar esta posibilidad a lo largo del concierto vigente. Esta migración supondría, según sus propios cálculos, un incremento del 3 % en las consultas de atención primaria, un 30 % en las especializadas y un 7 % en el ámbito quirúrgico.
Eso es precisamente lo que siempre han defendido desde Sumar, partido que conforma la coalición de Gobierno y que ocupa el Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente. Desde el partido izquierdista apuestan por que los funcionarios se pasen a la sanidad pública y desaparezca lo que consideran un privilegio de los servidores públicos.
Habrá que esperar, por tanto, a que venza el actual concierto en 2027 para ver por qué vía apuesta el Gobierno para mantener –o desmantelar– un modelo que acompaña a profesores, policías nacionales y trabajadores de la Administración del Estado desde el año 1975.
