Muface aprueba un plan para mejorar la atención sanitaria a funcionarios mientras resuena su desmantelamiento

Este año 2025 los funcionarios lo recordarán, entre otras cuestiones, por el hecho de su asistencia sanitaria casi salta por los aires. Los funcionarios civiles, entre los que se incluyen los trabajadores de la Administración General del Estado, los profesores o los policías nacionales, cotizan en Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) en lugar de en la Seguridad Social. Esto les permite poder escoger entre acudir al Sistema Nacional de Salud o disfrutar de una sanidad concertada, que proveen las aseguradoras Asisa y Adeslas.

En 2024 el concierto finalizaba y tocaba negociar uno nuevo, momento en el que las tres empresas que ofrecían este servicio –las mencionadas más DKV– se plantaron ante el Gobierno exigiendo una subida de la prima. El primer concurso quedó, por ende, desierto, y el segundo tuvo que ser modificado ante la amenaza de seguir la misma suerte. Al final, en enero de este año se solucionó con un aumento en la prima del 41,2 % en los próximos tres años, lo que permitió continuar a las aseguradoras y que DKV se descartase finalmente.

Esto sucedió tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López rodeadas de manifestaciones y protestas de los funcionarios y del runrún de que el modelo, vigente desde 1975, se iba a disolver, tal y como pedían, entre otros, los políticos de Sumar –parte del Gobierno de coalición e inquilinos del Ministerio de Sanidad–.

Ahora, meses después del cierre del acuerdo, el fantasma de la disolución del modelo sigue planeando sobre las cabezas de los funcionarios. Los sindicatos continúan ejerciendo presión para evitar que la mutualidad decaiga, y se muestran satisfechos con la aprobación del Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028.

Este documento fija las principales líneas de actuación orientadas a mejorar la atención a los mutualistas, garantizar plenamente sus derechos, reforzar la información y la comunicación y optimizar la cartera de servicios y, en su conjunto, fortalecer la organización y avanzar en la sostenibilidad de la mutualidad a medio y largo plazo.

Asimismo, en el acuerdo con Función Pública se incluyó una cláusula clave, en la que se subrayaba que se avanzaría «en la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de los empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias».

Con esto, se asegura una senda continuista del modelo, pero desde CSIF, el sindicato mayoritario dentro de la Administración General del Estado, aseguran que se mantendrán «vigilantes» atendiendo las incidencias en la atención sanitaria, fundamentalmente trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas. El sindicato atiende estas quejas y las traslada a la mutualidad para que las aseguradoras sanitarias las resuelvan.

Varapalo de la AIReF

Esto ocurre meses después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propusiera incorporar a los nuevos mutualistas (tanto de Muface como de sus mutualidades 'hermanas' Mugeju e Isfas) al Sistema Nacional de Salud (SNS), además de permitir la adscripción voluntaria.

Esta medida fue rechazada por los sindicatos y Función Pública no ha querido –de momento– hacerla suya, aunque Óscar López sí que abrió la puerta a que la ley que regula Muface pudiera reformarse para ajustarla a los tiempos actuales, ya que cuando se ideó la mutualidad no existía el servicio público de salud universal.

Los sindicatos de los funcionarios –desde los policiales y CSIF a UGT y CC. OO.– apuestan por el mantenimiento de Muface, pero todos ellos recalcan que, durante estos tres años, convendría hacer reformas para garantizar la estabilidad de la mutualidad y que no genere incertidumbre entre los funcionarios cada dos o tres años. Desde Sumar, partido integrante del Gobierno, lo que se quiere es abrir el melón, pero para dinamitar el mutualismo administrativo y que todos sus integrantes migren al sistema sanitario público.

Por todo ello, todo parece indicar que Muface no aplicará las medidas que le pide la AIReF y que Óscar López optará por escurrir el bulto para que, dentro de tres años, el «marrón» lo asuma otro. Y es que, además de ministro, López también es candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, por lo que una posible remodelación de Muface que no siente bien entre el funcionariado puede arrebatarle puñados de votos que, en Madrid, son más que necesarios para los socialistas.