(Foto de ARCHIVO) El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo
El Defensor del Pueblo alerta de que los sistemas de protección de violencia de género no están coordinados
Advierte de que los retrasos judiciales de violencia de género pueden intensificar el conflicto
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado de que los sistemas de protección a víctimas de violencia machista Atenpro, Cometa y el policial «no se coordinan adecuadamente entre sí», según se desprende del informe anual de la actividad de 2025 de la institución, registrado este martes en el Congreso y entregado a su presidenta, Francina Armengol.
En concreto, expone que se ha comprobado que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (Atenpro), Cometa, el encargado del funcionamiento de los dispositivos de control telemático para maltratadores, y el sistema policial «no se coordinan adecuadamente entre sí».
En este sentido, el informe, consultado por Europa Press revela que estos sistemas «tienen dificultades para comunicarse fluidamente con los jueces» y que, además, hay «problemas» de distribución territorial de competencia entre policías a la hora de atender una emergencia.
«El problema subyacente es la desproporción entre el número de víctimas atendidas y el incremento de uso de los dispositivos con los recursos destinados a la prestación del servicio», asegura.
El Defensor del Pueblo mantiene abiertas cuatro actuaciones para analizar «la calidad y suficiencia» de estos servicios y las medidas de seguimiento y control de los contratos con las empresas tecnológicas.
Por otro lado, la institución advierte de que los retrasos en los procesos judiciales de violencia de género «prolongan la situación de vulnerabilidad de las mujeres y en muchos casos intensifican el conflicto o la violencia».
El Defensor del Pueblo explica que esta situación «debilita» la confianza de las víctimas de violencia de género en el poder judicial como sistema de «protección eficaz».
Además, indica que es «especialmente dañino» cuando se trata de la ejecución de sentencias (ya sean penales o civiles), puesto que, según expone la institución, «se impide la reparación, la compensación económica por los daños derivados de la violencia, o la recuperación física, psíquica y social de las víctimas». También asegura que «es algo que puede ser percibido como un mensaje de impunidad para los maltratadores».
«La incertidumbre prolongada puede afectar a la salud mental de las víctimas y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha alertado de que es habitual que estas desarrollen ansiedad, depresión y estrés postraumático durante el proceso judicial», subraya.
La institución ve «necesario» dar prioridad a la tramitación de estos casos, con plazos procesales perentorios y que las medidas de protección cautelar se alarguen hasta la sentencia civil. «Debería reducirse la burocracia y fomentar el uso de audiencias virtuales, sistemas de notificación electrónica, etcétera. Para ello es necesario mejorar la planta judicial», añade.
Del mismo modo, destaca en el documento que «las víctimas deben sentirse escuchadas, respetadas y atendidas por parte de las administraciones».
En esta misma línea, advierte de que «siguen produciendo malestar» la «complejidad» de los procesos judiciales, las «dilaciones» en la resolución de los asuntos o la «desatención» a los derechos de las víctimas en el proceso.
