Así se fraguó la ley de la eutanasia: una tramitación en pandemia, con prisas y sin los filtros habituales

Este 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo murió tras recibir un suicidio asistido por parte del Estado después de un largo proceso judicial en el que el padre de la joven –de 25 años intentó– evitar su muerte.

La ley de la eutanasia, aprobada mediante la Ley Orgánica 3/2021 en marzo del año 2021, se tramitó en plena pandemia de la covid, ya que entre enero de 2020 –cuando se registró la iniciativa en el Congreso– y junio de 2021 –cuando entró en vigor–, el país atravesaba una de las mayores crisis sanitarias y sociales de su historia reciente.

Esto supuso que el contexto parlamentario durante la tramitación de la ley tuviera unas características singulares. En primer lugar, la tramitación coincidió con restricciones de movilidad y un funcionamiento limitado de las instituciones. Aunque el Congreso siguió operando, la capacidad de generar un debate social amplio se vio claramente mermada, ya que, además, el foco mediático estaba centrado en la pandemia.

Por otro lado, al haberse tramitado como una proposición de ley impulsada por el PSOE y no como un proyecto de Gobierno, no era obligatorio recabar informes consultivos previos de órganos como el Consejo de Estado. En la práctica, esto supuso que la ley avanzara sin pasar por uno de los filtros institucionales más habituales en reformas de calado.

De hecho, no existe ningún dictamen del Consejo de Estado sobre el contenido de la ley de eutanasia. El único pronunciamiento de este órgano relacionado con la norma es posterior a su aprobación, limitado a aspectos técnicos de su aplicación. Esto quiere decir que el máximo órgano consultivo del Gobierno no evaluó ni avaló ni cuestionó el núcleo de una de las leyes más sensibles desde el punto de vista ético.

En paralelo, el Gobierno hizo caso omiso a las advertencias que hicieron los expertos desde el punto de vista bioético. El Comité de Bioética de España, órgano asesor independiente, emitió en octubre de 2020 un informe claramente contrario a la legalización de la eutanasia en el que defendía que antes de dar ese paso era necesario reforzar los cuidados paliativos y abrir un debate social más profundo. El documento advertía, además, de los riesgos para las personas más vulnerables y cuestionaba que la eutanasia pudiera considerarse un derecho en sentido estricto.

Pese a ello, sus recomendaciones no fueron incorporadas al texto final. El Gobierno optó por seguir adelante con la regulación, apoyándose en estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y sondeos de medios como La Sexta o El País, que situaban ese respaldo en torno al 70 % u 80 % de la población, con mayor aceptación entre los jóvenes y votantes de izquierda.