Farmacéutica buscando medicamentos
El Gobierno plantea ocultar el precio real de los medicamentos financiados por la sanidad pública
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento denuncia que PSOE y Sumar quieren llevar a cabo este cambio «sin debate y por la puerta de atrás»
El debate sobre la transparencia en el sistema sanitario español ha dado un giro inesperado tras la presentación de una enmienda impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar que podría convertir en confidencial el precio real que paga la sanidad pública por los medicamentos financiados.
La medida, incluida como disposición final en el Proyecto de Ley sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ha generado críticas por la forma en la que se ha introducido en la tramitación parlamentaria. Al incorporarse a una norma con amplio consenso social y no debatirse específicamente en la Comisión de Sanidad del Congreso, distintos colectivos consideran que se ha evitado un debate de fondo sobre una cuestión clave: el uso de recursos públicos en la compra de fármacos. Desde la Asociación por un Acceso Justo (AAJM) al Medicamento denuncian que este cambio pretende hacerse «sin debate y por la puerta de atrás» por parte de Sumar y PSOE.
La enmienda modifica el artículo 97.3 del Real Decreto Legislativo 1/2015, ampliando el alcance de la confidencialidad. Hasta ahora, la ley protegía determinada información proporcionada por las compañías farmacéuticas. Sin embargo, el nuevo texto va más allá e incluye también los acuerdos de financiación, su aplicación y, de forma explícita, los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos firmados por las administraciones públicas.
Esto implicaría, en la práctica, que los ciudadanos no podrían conocer cuánto paga el sistema sanitario por determinados tratamientos financiados con dinero público.
«Proteger la capacidad negociadora del Estado»
Desde el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, se defiende que la medida responde a la necesidad de proteger la capacidad negociadora del Estado. El argumento se apoya en el contexto internacional, especialmente en políticas como la denominada «cláusula de nación más favorecida» impulsada en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que busca evitar que el país pague más por medicamentos que otras economías avanzadas.
Según esta lógica, hacer públicos los precios podría dificultar acuerdos ventajosos o retrasar la llegada de medicamentos innovadores al mercado español. No obstante, el propio Ejecutivo reconoce que los estudios disponibles sobre el impacto de esta medida no son concluyentes.
Frente a esta postura, organizaciones como la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento han mostrado su preocupación por lo que consideran un retroceso en materia de transparencia. Recuerdan, además, que España respaldó en la Organización Mundial de la Salud una resolución que instaba a los países a publicar los precios de los medicamentos como vía para mejorar el acceso y reducir costes.
El momento elegido para impulsar este cambio también ha levantado suspicacias. Actualmente, el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre varios recursos relacionados con el acceso a esta información, lo que podría sentar jurisprudencia en materia de transparencia sanitaria.
En este contexto, la decisión del Gobierno ha sido interpretada por algunos sectores como un cambio de rumbo en la política farmacéutica, acercando su posición a la defendida tradicionalmente por la industria.
El debate, lejos de cerrarse, abre interrogantes sobre el equilibrio entre la confidencialidad en las negociaciones y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los recursos públicos en un ámbito tan sensible como el acceso a los medicamentos.
