El Instituto de la Mujer paga con dinero del contribuyente a una empresa externa para que les haga su trabajo

El Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha contratado a una empresa externa para la gestión del distintivo «Igualdad en la Empresa», incluida la gestión de las convocatorias, los informes de seguimiento, las prórrogas y las verificaciones in situ que deban realizarse durante la vigencia del contrato, trabajos que deberían recaer en la propia entidad.

Así ha podido comprobarlo El Debate en la Plataforma de Contratación del Estado, donde figura la adjudicación por 767.972 euros a Enred Consultoria, S.L. El contrato contempla el apoyo integral a la gestión de las convocatorias del distintivo «Igualdad en la Empresa», incluyendo la elaboración de las bases, anexos y demás documentación necesaria para su tramitación. Asimismo, la empresa adjudicataria debe analizar de forma exhaustiva toda la documentación presentada por las empresas candidatas, evaluar el cumplimiento de los requisitos formales, técnicos y jurídicos y elaborar informes individualizados sobre cada solicitud.

Según consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, «la prestación contractual requiere aptitudes específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres». Es por esto que el Instituto de la Mujer exige como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta formación del personal en conocimientos sobre igualdad.

El Tribunal de Cuentas alertó

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, señaló a Igualdad por contratar una empresa externa para que le redactase el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos, cuando esta competencia recae directamente en el personal del ministerio.

En concreto, la autoridad fiscalizadora hace referencia a un contrato del departamento que rige Redondo para la «asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos», adjudicado por un importe de 14.990 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, «resulta llamativo que la necesidad de un contrato de asistencia para la redacción de un texto normativo sobre una materia competencialmente atribuida al Ministerio se fundamente en 'la imposibilidad de que sea llevado a cabo con los medios técnicos y humanos' del departamento».

Cabe destacar que el secretario técnico de Igualdad cobra un total de 104.188 euros al año del erario público, mientras que la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recibe por su trabajo 130.473 euros anuales por, precisamente, estos servicios.

Asimismo, el órgano de control de las cuentas públicas señala que «no se aprecia la naturaleza excepcional e imprevisible del objeto de este contrato», requisito necesario para tramitar un contrato a través del procedimiento de contratación menor.