Igualdad contrata a dedo a una empresa para redactar su ley estrella porque su equipo es incapaz de hacerlo

El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, ha adjudicado un contrato para la «asistencia técnica para la continuación de la redacción del texto normativo del anteproyecto de Ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos», así como para el «desarrollo normativo, diseño, apoyo y seguimiento de actuaciones vinculadas a la violencia vicaria en el marco de las medidas previstas en el pacto de estado».

En concreto, el contrato, consultado por El Debate en la Plataforma de Contratación del Estado, ha sido adjudicado por un total de 18.138,98 euros (con impuestos) a Medusa Derechos Humanos Abogadas y Consultoras SL, entidad integrada únicamente por mujeres y que se autodefine en su página web como «un equipo de abogadas y consultoras especializadas en derecho internacional de los derechos humanos».

Se trata del contrato para redactar la ley abolicionista contra la prostitución, norma estrella de la cartera de Redondo que, en principio iba a promulgarse a finales de 2025 y que todavía no ha visto la luz. De momento, el Ministerio de Igualdad han solo impulsó al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para elaborar una encuesta sobre la percepción social de la prostitución.

Los resultados de esta investigación reflejan que el 79,1 % de los entrevistados cree que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen, mientras que más del 75 % opina que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual. En este sentido, más de tres cuartas partes de los españoles consideran que la prostitución no es un trabajo «como otro cualquiera» y un 79,8 % de los encuestados rechaza que se trate de «una forma de ejercer la libertad sexual».

Desobediencia al Tribunal de Cuentas

Es, precisamente, el externalizar la redacción de esta ley, lo que se ha costado al Ministerio de Igualdad un toque por parte del Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de la Administración. En 2024, esta entidad ya reprendió a la cartera que rige Redondo por contratar a una empresa externa para que le redactase esta misma ley, cuando esta competencia recae directamente en el personal del ministerio.

En concreto, la autoridad fiscalizadora hace referencia a un contrato del departamento de Redondo para la «asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos», adjudicado por un importe de 14.990 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, «resulta llamativo que la necesidad de un contrato de asistencia para la redacción de un texto normativo sobre una materia competencialmente atribuida al Ministerio se fundamente en 'la imposibilidad de que sea llevado a cabo con los medios técnicos y humanos' del departamento».

En primer lugar, esta entidad hace referencia a que las competencias relativas a producción normativa y asistencia jurídica están legalmente atribuidas a las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas señala que «el Ministerio cuenta, además de con una Secretaría General Técnica, con numerosos órganos especializados en la materia objeto del anteproyecto de ley, singularmente dentro de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, especialmente creados y capacitados para desempeñar cometidos como el que fue objeto la contratación».

Cabe destacar que el secretario técnico de Igualdad cobra un total de 104.188 euros al año del erario público, mientras que la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recibe por su trabajo 130.473 euros anuales por, precisamente, estos servicios.