El Tribunal de Cuentas señala a Igualdad por asignar contratos a dedo para escaquearse de redactar leyes

El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, contrató a una empresa externa para que le redactase el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos, cuando esta competencia recae directamente en el personal del ministerio.

Así lo considera el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la contratación menor vinculada al área de gasto 2 «actuaciones de protección y promoción social» de los Presupuestos Generales del Estado, en su ejercicio del año 2024, en el cual audita este tipo de gasto público.

En concreto, la autoridad fiscalizadora hace referencia a un contrato del departamento que rige Redondo para la «asistencia técnica para la redacción del texto normativo del anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos», adjudicado por un importe de 14.990 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, «resulta llamativo que la necesidad de un contrato de asistencia para la redacción de un texto normativo sobre una materia competencialmente atribuida al Ministerio se fundamente en 'la imposibilidad de que sea llevado a cabo con los medios técnicos y humanos' del departamento».

En primer lugar, esta entidad hace referencia a que las competencias relativas a producción normativa y asistencia jurídica están legalmente atribuidas a las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios. En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas señala que «el Ministerio cuenta, además de con una Secretaría General Técnica, con numerosos órganos especializados en la materia objeto del anteproyecto de ley, singularmente dentro de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, especialmente creados y capacitados para desempeñar cometidos como el que fue objeto la contratación».

Cabe destacar que el secretario técnico de Igualdad cobra un total de 104.188 euros al año del erario público, mientras que la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recibe por su trabajo 130.473 euros anuales por, precisamente, estos servicios.

Asimismo, el órgano de control de las cuentas públicas señala que «no se aprecia la naturaleza excepcional e imprevisible del objeto de este contrato», requisito necesario para tramitar un contrato a través del procedimiento de contratación menor.

A renglón seguido, considera que «tampoco ha quedado constancia de cómo se realizó el cálculo del presupuesto, más allá de establecer un pago por mensualidades sobre la base de un valor estimado prefijado de 14.900 euros, sin ningún elemento de juicio que permita comprobar ni desglosar el valor de la prestación y de sus distintos elementos».