El Tribunal de Cuentas acusa a Igualdad de no ejecutar el plan de atención a las víctimas de violencia sexual

El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha puesto en cuestión la ejecución de uno de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad destinado a la creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, al señalar que no consta información suficiente para determinar su grado de desarrollo y que el objetivo de implantar al menos un centro por provincia no se ha cumplido en el plazo previsto.

Según el informe analizado, este proyecto, dotado con 46,2 millones de euros en 2022 y 17,05 millones en 2023, contempla la creación de centros de atención integral en todas las provincias y ciudades con Estatuto de Autonomía, con el compromiso de disponer de al menos un recurso operativo por territorio. La ejecución recae en las comunidades autónomas, mediante transferencias de capital canalizadas a través de acuerdos en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

El proyecto, sin embargo, permanece en curso y, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, no es posible establecer su estado real de ejecución debido a la falta de información remitida por el Ministerio de Igualdad. Además, el objetivo crítico asociado, que es la puesta en marcha de al menos un centro operativo por provincia y en Ceuta y Melilla antes del cuarto trimestre de 2024, tampoco se habría alcanzado hasta la fecha.

En paralelo, el informe analiza otro programa parecido, relativo a la mejora del servicio de teleasistencia ATENPRO, dotado con 10,49 millones de euros tanto en 2022 como en 2023. Este proyecto se articula mediante una subvención nominativa a la Federación Española de Municipios y Provincias, encargada de la gestión operativa del servicio.

El servicio ATENPRO depende de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, bajo la titularidad de la cual se ha gestionado desde 2010, mientras que la responsabilidad última corresponde a la Ministerio de Igualdad. Su financiación se ha canalizado históricamente mediante convenios anuales para la teleasistencia a víctimas de violencia de género, a los que recientemente se ha añadido la partida destinada a su «mejora integral».

El Tribunal de Cuentas concluye así que, en el caso del proyecto relativo a los centros de atención a víctimas de violencia sexual, no puede verificarse adecuadamente el grado de ejecución del programa y que los objetivos previstos no se han cumplido en los plazos establecidos, mientras que el relativo al servicio de teleasistencia ATENPRO se mantiene en fase de desarrollo a través de su esquema de financiación y gestión habitual.