Igualdad se negó a dar datos al Tribunal de Cuentas sobre las pulseras antimaltrato: «Se desconoce el estado real»

El Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, no facilitó al Tribunal de Cuentas información sobre el grado de ejecución de dos de los principales proyectos financiados con fondos europeos para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia de género, entre ellos el destinado a mejorar los dispositivos telemáticos de control de agresores, conocidos como pulseras antimaltrato.

Así se desprende del Informe de Fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gastos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consultado y analizado por El Debate, en el que se señala expresamente que «se desconoce el estado real de ejecución» de los proyectos analizados debido a que la cartera que rige Redondo no aportó la información solicitada durante los trabajos de control.

En concreto, el Tribunal se refiere al proyecto que contempla la provisión de, al menos, 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento y protección, el desarrollo de una nueva aplicación para las víctimas y una plataforma de 'big data' e inteligencia artificial para reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta entidad señala que la ejecución de estas medidas seguía en curso en el momento de la fiscalización. Sin embargo, advierte de que no pudo comprobar su grado de desarrollo porque el Ministerio no remitió datos sobre su situación.

La misma situación afecta al denominado «Mejora integral del sistema de dispositivos de control de las medidas de protección a las mujeres víctimas», conocido como pulseras antimaltrato. Esta actuación contó con una dotación de 14,1 millones de euros en 2022 y de cerca de 29 millones en 2023.

Durante el periodo fiscalizado, este proyecto se ejecutó mediante el contrato para el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, formalizado el 6 de noviembre de 2023 por un importe de adjudicación de 35,2 millones de euros, IVA excluido.

No obstante, el Tribunal de Cuentas vuelve a advertir de que «se desconoce el estado real de ejecución» de este proyecto porque el Ministerio tampoco facilitó información sobre su desarrollo durante la fiscalización.