El CGPJ se reúne dividido para hablar de Peinado bajo la presión del Gobierno que busca desacreditar la instrucción del caso Begoña

Tras una primera toma de contacto en remoto y en una convocatoria de urgencia instada por la presidenta del órgano, Isabel Perelló, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se sentará este lunes, a partir de las 09.00 horas para decidir si el polémico párrafo sobre la policía incorporado por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, en el auto de apertura de juicio oral y medidas cautelares notificado el pasado sábado, debe ser elevado al promotor de la acción disciplinaria, para abrir un expediente informativo contra el magistrado.

«Cualquier otro enfoque constituiría una intrusión intolerable del Consejo en la función jurisdiccional y un ataque a la independencia judicial», explican varias fuentes consultadas por El Debate.

No en vano, el pleno de la Comisión, integrado por ocho vocales, con voto de calidad de la Presidencia, se reúne dividido entre los consejeros que consideran que el trámite sancionador sólo puede iniciarse a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) que es el único órgano competente para trasladar al CGPJ el reproche de la actuación del juez de instancia, en el momento en el que resuelva el recurso de apelación con el que Begoña Gómez busca evitar el banquillo; y, por otra parte, quienes entienden que es necesario dirigirse al instructor para que sea él quien «articule unas diligencias informativas» contra Peinado.

Si bien, éstas, en ningún caso supondrán una revisión del fondo del auto, ni una corrección de las decisiones contenidas en el mismo. El Consejo no revocará ni la decisión de abrir juicio oral contra la tetra procesada Gómez, ni tampoco la imposición de las medidas personales que pasan por la retirada del pasaporte y obligación de comparecer en sede judicial, cada quince días.

Los acontecimientos se desencadenaban, unas horas antes, a raíz de una afirmación contenida en el desarrollo de la resolución del juez Peinado, como parte de las razones para motivar la retirada del pasaporte de la mujer de Sánchez y como respuesta al riesgo de fuga que pesa sobre la misma: que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, «por propia iniciativa o por indicación de sus mandos superiores» podrían ayudarla a fugarse de España.

Una frase que desencadenaba una reacción sin precedentes de la izquierda en defensa de la procesada y que obligaba a la Permanente del CGPJ a reunirse de manera extraordinaria, en domingo, de modo telemático, como primera reacción para gestionar una crisis que compromete, y muy severamente, el futuro de la independencia judicial en nuestro país, y el Gobierno lo sabe. En el caso de que el CGPJ decida abrir expediente disciplinario a Peinado «sería nulo de pleno derecho», apuntan varios ex vocales del Consejo a este diario, «por la ausencia manifiesta de los requisitos de procedibilidad» si no es la Audiencia Provincial la que inicia la queja, tras revisar el recurso todavía pendiente.

Pero el Ejecutivo, dispuesto a todo por salvar a Begoña Gómez del banquillo, y consciente de ello, ha presionado para forzar al Consejo a pronunciarse.

No en vano, la reunión de urgencia de ayer se produce después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ex magistrado de la Audiencia Nacional, trasladase a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, su «más enérgica queja» por las afirmaciones en el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Gómez.

En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado asegura que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

Marlaska calificaba la afirmación como «un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho». Aunque, en realidad, lo que se oculta bajo la estrategia del titular de Interior es «desacreditar la instrucción » del caso, en su totalidad. Algo que sólo puede hacerse a través de los cauces procesales previstos, en las instancias superiores.

Y es que «el único artículo aplicable al escenario actual», apuntan varios juristas, es el «418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)» que dice: «La utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución y que conozca la vía de recurso». Marlaska es, perfectamente consciente de ello, pero esto no se trata de la defensa de la legalidad, sino todo lo contrario.

Así las cosas, la posición del CGPJ es tremendamente delicada. Si acepta incoar expediente a Peinado como le pide el Ejecutivo socialista, estará abriendo la puerta a que de hoy en adelante, cualquier frase incómoda, cualquier desacuerdo con la decisión adoptada por un juez pueda ser corregida, sin garantías procesales, por un órgano de designación política; además, de enviar un mensaje perverso a todos los jueces y magistrados para condicionarlos a la hora de emitir sus resoluciones. Por el contrario, si no toma ninguna decisión sobre Peinado, quedará al albur de los ataques de la izquierda que insiste en el lawfare y en el corporativismo entre los «fachas con toga».